Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado al TSJ de Venezuela y especialista antilavado de dinero contra el riesgo y el fraude y demás delitos afines a la delincuencia organizada.
Afirmó que: “Las sanciones contra los corruptos y altos personeros del régimen de Maduro es la fórmula más efectiva para acorralarlos, por lo que es necesario respaldar las atribuciones constitucionales del Presidente (e) Juan Guaidón, determinantes para el cese de la usurpación, para un gobierno de transición y para elecciones libres.
Por lo tanto, agregó, estamos en la obligación de lograr el restablecimiento del orden constitucional, que no es solo menester de la Asamblea Nacional como único poder legítimo. Recuperar la vigencia de la Constitución es deber de todos.
Creo en las sanciones, continuó, por lo que hay que seguir trabajando para que éstas aumenten. Hay que generar un impacto directo a frenar un modelo chavista que colapsó y tiene en crisis a Venezuela. No debe existir forma de hacer negocios con este régimen, donde China y Rusia tienen serios intereses en Venezuela”.
Ardua tarea contra el saqueo de las arca venezolanas
Durante años, el doctor Alejandro Rebolledo, ha trabajado arduamente denunciando como “la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela, donde abunda la corrupción cambiaria, el lavado de dinero en distintas modalidades como la inversión en obras de arte, negocios de suministros a diferentes entes del Estado y la negociación del oro, en la que intervienen las mafias chinas, turcas y rusas, así como organizaciones terroristas islámicas como Hezbollah y Hamas”.
Las sanciones
Comentó que las sanciones internacionales mantienen desesperados a los chavistas mafiosos, sobre todo porque las mismas van directas a sus bolsillos y demás intereses personales. “En ese entramado delictivo participan las mafias china y rusa, al tiempo que los carteles mexicanos y colombianos que encontraron una ruta segura en Venezuela para el narcotráfico hacia EEUU y Europa”.
Enfatizó que ha llegado la hora de recuperar a Venezuela de las garras desbastadoras del régimen de Maduro y sus allegados: “Las sanciones están dirigidas a individuos de varios niveles del gobierno, desde ministros y asesores presidenciales a autoridades policiales y jueces, además de aquellos que debilitan la gobernabilidad democrática a través de actos de corrupción con fondos públicos, así como sus familiares”.
Presión internacional
Es evidente que la presión de las sanciones realizadas por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Grupo de Lima y otros países tienen acorralados a Nicolás Maduro y sus cómplices, quien llegó a decir que: “Estoy listo, con una agenda abierta, para sentarme con sectores de la oposición para hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro”. Sin embargo defiende la legitimidad de unas elecciones que se celebraron en mayo pasado, que no fueron reconocidas por la oposición ni la mayoría de los venezolanos que no participó en esos falsos comicios, ni por la mayor parte de la comunidad internacional.
Deben ser juzgados
Alejandro Rebolledo señaló: “La larga corrupción en torno al gobierno de Maduro, quienes se encargaron de saquear las arcas del país con las mayores reservas de petróleo del mundo, deben ser juzgados a través de contundentes acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público, para así recuperar el dinero robado durante el régimen, que ha estado sostenido por la delincuencia organizada, convirtiendo a Venezuela en un estado mafioso. La recuperación se podría lograr a través de una estrategia efectiva para la recopilación de información de inteligencia como pruebas, rastreo de activos y asistencia legal mutua”.
Castigo ejemplar
El magistrado de sala de casación penal designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, explicó que “las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles a penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas y demás personeros del gobierno puede ser de hasta 30 años de prisión y/o multas millonarias, que para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin”.
Rebolledo recalcó que “en los tribunales norteamericanos las sanciones están sustentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través del cual se congelan las cuentas y bienes a los funcionarios venezolanos sospechosos que estén incluidos en las Lista Negra Ofac”.
En este sentido, el penalista indicó que los alcances de las sanciones de la Ofac, lleva a esos personeros, exfuncionarios y funcionarios del gobierno a una muerte financiera. “Sin embargo, son varios los programas bajo los que se realizan las sanciones, entre las que destacan el Programa sobre DDHH y sociedad civil de Venezuela, como el SDNTK (por sus siglas en ingles), especiales para sanciones por tráfico de droga y lavado de dinero, además de los delitos de corrupción y acciones para acabar con la democracia”.
Recalcó el doctor Rebolledo que es indispensable el bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias, así como la clausura preventiva de cualquier establecimiento relacionado a las personas involucradas. “Además, paralelamente se debe mantener comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países, a fin de investigar y procesar casos provenientes de los delitos del crimen organizado.
La delincuencia organizada transnacional, indicó, encontró en el régimen de Venezuela su mejor socio para extender, desde allí, sus redes criminales en el mundo. Se resiste a dejar su guarida pero el orden mundial y la justicia prevalecerá”.
Millones de dólares saqueados
Alejandro Rebolledo es uno de los magistrados que la Asamblea Nacional de Venezuela juramentó en el 2017, quien por años ha trabajado permanentemente contra la delincuencia organizada, reuniéndose con diferentes autoridades y especialistas, especialmente con el Departamento de Estado en Washington para entregar pruebas de corrupción de figuras ligadas al régimen de Venezuela: “Cotidianamente salen a relucir nuevos casos criminales que demuestran cómo más de 800 millones de dólares saqueados al país terminaron en diversas cuentas privadas en paraísos fiscales; dinero que lograron sacar de las fronteras venezolanas en estos 20 años en los que la autoproclamada “revolución bolivariana” ha llevado las riendas del Estado”.
Acciones concretas
El doctor Rebolledo, poseedor del record Guinness por la Clase Magistral más larga sobre Prevención de la Delincuencia Organizada Transnacional, tiene claro que es fundamental la reconstrucción de Venezuela, por lo que en su ardua tarea viajó a Foggy Bottom, la sede del Departamento de Estado en Washington, para entregar pruebas de corrupción de figuras ligadas al régimen de Venezuela y para pedir que se revise el estatus migratorio de venezolanos que habrían mentido a las autoridades de Estados Unidos para conseguir documentos en ese país. Son iniciativas que fueron impulsadas por miles de venezolanos a través de la plataforma Change.org y trabajadas con un equipo multidisciplinario de venezolano-estadounidense.
Además se reunió en Washington con Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, quien en esa oportunidad dijo: “Con el Magistrado Alejandro Rebolledo, conocí de la crítica situación que viven los venezolanos, quienes están en completo estado de indefensión y me explicó de cómo en Venezuela gobierna la delincuencia organizada”.
Igual se reunió con Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), Esteban Bovo, presidente de la Comisión Especial del Condado de Miami-Dade, EE.UU, el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Francisco Tabara Córdoba, el Magistrado peruano, Ángel Romero Díaz, el Vicecanciller de Perú, Néstor Popolizio Bardales, entre otros.
Alejandro Rebolledo enfatizó que su principal objetivo es lograr que Venezuela avance en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y demás delitos afines al crimen organizado, “para así ir ajustando el ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales, a través de una plataforma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos, que en los últimos años el régimen chavista ha deteriorado y que por el contrario ha servido para favorecer la actuación de las organizaciones delictivas en Venezuela, incitando la inmigración de bandas criminales internacionales”. Concluyó.
Antilavadodedinero/RC
