* El Policía es el primer juez que actúa frente al delito, razón por la cual debe ser dignificado con una nueva cultura policial. Las políticas de “Seguridad Ciudadana” deben obedecer al interés común de cada uno de los habitantes del país, para evitar que esas políticas se muevan en el terreno dependiente de contingencias altamente vulnerables, hoy consideradas como “prioridades gubernamentales”, o medidas efectistas que más bien impiden combatir la inseguridad ciudadana.
La inseguridad es un tema de todos, pero más del Gobierno que debe actuar como lo ordena la Constitución de la República, con la implementación impostergable de mecanismos y acciones que permitan contrarrestar la incidencia de los patrones de violencia y criminalidad. Lo primordial sería generar, de manera imprescindible, una nueva cultura policial, con cambios de mentalidad y con metodología diferentes, tanto para el ciudadano como para el funcionario que les permita, por un lado, ser protegidos como regla general y por el otro ofrecer protección.
El Estado debe aplicar la ley en el marco del respeto y protección de los Derechos Humanos, así como velar por las condiciones de seguridad, bienestar protección e higiene del funcionario. “Cada policía debe ser protegido”. Esto implica el inexcusable compromiso estatal de sustentar una conducta policial de transparente constitucionalidad y de amparo de ellos y sus familias. Es por eso que los cuerpos policiales necesitan ser formados con una cultura democrática, por lo importante del papel que representan dentro de la sociedad, especialmente cuando tienen la misión de cumplir órdenes que guarden el espíritu de la Ley. La conciencia del “deber” tiene que imponerse sobre aquellas acciones que sean ilegales, estando alerta sobre las consecuencias injustas que dicha aplicación de la Ley pueda ocasionar, ya que nadie y menos el “Policía” puede pretender ubicarse por encima o más allá de la Ley.
“El Policía es el primer juez ante cualquier hecho punible y sus aportes resultan de vital importancia para que el sistema judicial actúe”. Por esa razón los cuerpos policiales deben ser especializados, íntegros e incorruptibles, formados dentro del concepto de una “nueva cultura policial”, que cuente con todas las herramientas necesarias e imprescindibles para cumplir con el deber que exige la ciudadanía y la democracia del país, desde el policía vecinal hasta el que va a combatir el crimen organizado… Siempre debería actuar dentro de un contexto de justicia social cuya finalidad sea el de ayudar a mejorar la calidad de vida de la población, confrontando la vulnerabilidad que presentan los sectores sociales de más alto riesgo: jóvenes, mujeres, ancianos, niños, etc, con efectivos programas que cuenten con la ayuda presupuestaria necesaria. La seguridad ciudadana no es para unos pocos, es responsabilidad múltiple; por tal motivo, es indispensable definir un marco concertado y participativo de acciones, lo más amplio posible, en el que estén involucrados los distintos niveles del Estado, el sector empresarial, las ONG´s y la población organizada (Sindicatos, Cámaras, Foros, Barrios, etc.) y muy especialmente de los cuerpos policiales del país, sin ellos sería imposible combatir la delincuencia.
