Definición de Corrupción
Para entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El mismo proviene del latín corruptio, y según la Real Academia Española, está presente en las organizaciones, especialmente en las públicas, y es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

La corrupción es el uso desviado del poder para obtener de él un beneficio personal. Pese a que esta definición es concreta, lleva consigo elementos característicos que encierran el concepto de corrupción, como sería el abuso del poder, determinado en la desviación del mismo, para la obtención de un beneficio económico privado.

Consideramos pues, que la corrupción es toda práctica contraria al deber, en cumplimiento de funciones públicas o privadas, determinadas a través de diversas modalidades, cuya finalidad primordial es la obtención de un beneficio propio o para un tercero, determinado en dinero, especie o dádiva.

Corrupción Pública
Visión de la Corrupción: La Doble Moral

Indudablemente que la corrupción es un tema político y socioeconómico, arraigado, principalmente, en las institucionales públicas desde su cúspide, trasladándose paulatinamente hasta sus bases obreras, donde peligrosamente se asienta, como si se tratase de un virus o enfermedad, que lentamente lo deteriora y debilita.

Es de acotar que, la corrupción debe verse como la doble moral del mundo, por cuanto, no existe un funcionario corrupto si no hay nadie que lo quiera corromper, y para lograrlo no debe haber respeto institucional.

La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), ha sostenido que “…La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países. La corrupción socava las instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental. La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas mediante la distorsión de los procesos electorales, pervirtiendo el Estado de derecho y la creación de atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la solicitación de sobornos. El desarrollo económico se atrofia porque la inversión extranjera directa se desalienta y pequeñas empresas en el país a menudo les resulta imposible superar los “costos de puesta en marcha” requeridos por la corrupción…”

Son varias las razones para llevar a una determinada institución, incluso al mismo Estado, a la corrupción. Una de ellas es precisamente el atraso sociocultural de la población, en virtud que, mientras más vulnerables sean los administrados, en esa medida será impune el acto de corrupción, bien por el desconocimiento en su práctica, o porque se carezcan de controles necesarios para determinar la actividad o modalidad en la que se presenta esta acción.

Por otro lado, debe considerarse a un estado corrupto, como moralmente incapaz. Esta afirmación tiene su fundamento precisamente en la consecuencia anterior, toda vez que, si las personas desconocen las modalidades en las que se presenta la corrupción, así como los controles para evitarla, entonces se acepta moralmente, y los individuos empiezan a considerar normal esta conducta, al extremo de su tolerancia, la cual comienza desde sus bases y con simples actos de corrupción, hasta irse asentando y llegar a niveles muy superiores.

El tema de la corrupción es tan complejo que debe ser tratado desde los estratos más bajos de las instituciones públicas, pues los niveles de tolerancia de la corrupción se convierten en cadenas que impiden su determinación y consecuencialmente su destrucción, incluso se asocian en grupos que facilitan su práctica, al punto que, en muchos casos, se vuelven indetectables. Incluso por su propia estructura de funcionamiento, los corruptos con cargos de alta gerencia son difíciles de identificar, en virtud que son los funcionarios de baja monta quienes se encargan de ejecutar las acciones ilícitas con aquiescencia de los altos funcionarios, quienes también son beneficiarios de las ganancias indebidas, por ello es que se observa un número pírrico de investigaciones de funcionarios de alta jerarquía comparada con las investigaciones de funcionarios de baja monta.

Sin embargo, esta práctica no es absoluta, pues es más frecuente observar el desconocimiento de los altos funcionarios acerca de lo que ocurre en los estratos más bajos del organigrama, bien por falta de control o por falta de reporte de los funcionarios encargados de participar e informar cualquier acto de corrupción que tengan conocimiento.

No basta con pretender reformar leyes imponiendo sanciones más severas para aquellos que cometan actos de corrupción. También hay que establecer políticas de control y prevención que minimicen estos riesgos, aunado al hecho que, existe la necesidad de depurar las instituciones, no como mecanismo de persecución o represión, sino a través de constante adiestramiento, que le permita conocer al funcionario público los riesgos, las causas y sobre todo, las consecuencias de estos actos y su repercusión social, para así crear conciencia y un desarrollo
sociocultural, herramientas éstas que en su conjunto permitirán una lucha efectiva contra la corrupción.

Existen estados que se manejan con exceso de controles, lo cual tampoco es útil, por cuanto las faltas de vías de circulación económica hacen posible que un grupo de funcionarios controlen todo a su antojo y con claros signos de corrupción, lo cual trae como consecuencia que para resolver esas fórmulas de circulación económica y social, se deba ir y negociar directamente con ese grupo de funcionarios.

La solución debe plantearse desde el punto de vista tecnológico, pues se debe evitar la mala gerencia, y para ello no se requieren mayores controles, sino adiestramiento necesario y continuo de los funcionarios para lograr el objetivo trazado, verbigracia, se realizan todos los trámites electrónicamente para obtener un documento, y sin embargo, el mismo no se entrega en el lapso establecido porque gerencialmente no hay material para su elaboración, entonces se vuelve al estado burocrático, lento y pesado, lo que hace posible la corrupción.

Evidentemente, el Estado necesita materiales para ejercer sus funciones, por ende, no debe depender de un grupo de funcionarios su suministro, ni de un gobierno específico, sino de unas políticas de estado que disminuya la corrupción.

Al hablar de la doble moral necesariamente hay que referirse a la honestidad, pues no se trata de un cargo sino de un código de vida. La honestidad debe estar presente y ser un requisito indispensable para el ejercicio sagrado de la función pública, pues de lo contrario, empaña la gestión de otros funcionarios que si ejercen dignamente sus cargos.

La doble moral se basa y se predica como la forma de ejercer y desarrollar las políticas socioeconómicas, sin embargo, en la práctica no pueden llevarse a cabo en virtud de falta de desarrollos gerenciales, se puede predicar la política pero quienes les corresponde su ejecución, son funcionarios incapaces que no conocen las áreas referidas con esa política, entonces se vuelve, en algunos estados al retraso, pues se premia la afinidad y no la capacidad.

A pesar de ello, siempre deben existir los controles que como Estado busca la prevención de la corrupción, por si acaso ese funcionario capaz se corrompe, pero siempre se debe tener el más capacitado para ejercer la función pública, no el más amigo, eso está por encima del nivel gerencial o nivel de liderazgo, poner al amigo es el error. El problema de la incapacidad termina en la corrupción, mientras que la eficiencia, será el arma de destrucción de la corrupción. Un Estado eficiente es moralmente capaz de proteger a sus habitantes y brindar todo lo necesario para un desarrollo social, económico, cultural y moral, necesarios para el buen vivir.

Corrupción Privada

Si bien la corrupción afecta principalmente a las instituciones públicas, ello no es absoluto, por cuanto también puede presentarse un acto de corrupción en los organismos privados, pues está basada en una dádiva o cobro indebido de dinero, bienes o especie, para la obtención de un acto contrario a la ley o más ventajoso frente al resto de los administrados. Para comprender lo señalado, se observa el caso, por ejemplo, un concesionario de venta de vehículos de carácter privado,ofrece los vehículos a numerosos compradores, quienes son colocados en una lista de espera, y al llegar el automóvil, se comunican con cualquiera de los sujetos anotados en la lista que no le corresponde su adjudicación y le es requerida una suma de dinero para lograr su adjudicación por encima de otros que se encuentran en mejor posición de la lista; ello inequívocamente es un acto de corrupción en el sector privado.

El derecho penal español, ha venido estudiando muy de cerca esta serie de conductas irregulares que se observa en buena parte de las actividades comerciales o mercantiles tanto de los organismos de índole privada como de los particulares, que sin afectar el patrimonio público, inciden significativamente en el orden social, cultural, económico y moral, con lo cual “…se exceden de la esfera de lo privado, se rompen las reglas del buen funcionamiento del mercado…” para lo cual, creó un tipo penal denominado “Corrupción Privada”. Luchar contra la corrupción privada tiene un objetivo preponderante, y es garantizar una competencia justa, con honestidad y respeto a las reglas del comercio. Por otro lado, y para De Buerba, “… la corrupción privada no tiene por objeto proteger a la empresa de los actos desleales de sus representantes o empleados. La empresa ya está suficientemente protegida frente a las formas más graves de deslealtad a través de los delitos de apropiación indebida y administración desleal…”

La corrupción privada no tiene que ver con aquella competencia para obtener el mejor negocio, es decir, si se pretende invitar al dueño de una empresa con quien se pretende contratar a un buen restaurante o incluso enviarle un presente para ganar su indulgencia; tampoco se pretende alterar la libre y sana competencia, pues lo que se persigue es lograr establecer reglas de conducta donde todos los particulares tengan las mismas oportunidades

Relación con la Legitimación de Capitales

Una de las formas típicas de legitimar capitales es a través de la corrupción en los organismo o instituciones públicas. Se ha sostenido que esta actividad –Legitimación de Capitales-, consiste en la obtención de bienes muebles o inmuebles, haberes, fondos, capitales o beneficios a través de actividades ilícitas, con la intención de darle una apariencia lícita.

Por esta razón, una vez realizado el acto de corrupción, se reciben unos activos, que generalmente es dinero, bien sea a través de pagos o dádivas, y en este caso, se pretende introducirlo al sistema financiero para darle una apariencia legítima, pero que sin lugar a dudas, es desproporcionado con la capacidad económica del funcionario público que ostenta la titularidad de la cuenta.Para evitar esta clara señal de alerta, la cual fácilmente puede ser detectada por el organismo financiero respectivo, se ha utilizado un método distinto para recibir grandes cantidades de dinero, sin que, aparentemente, pueda ser detectado o vinculado a un funcionario público determinado, y son los llamados “testaferros, gatekeepers o porteros”. Estos personajes se prestan para legitimar capitales sin ser detectados o, en muchos casos, vinculados, a los que realmente reciben estos pagos o dádivas producto de actos de corrupción.

No existe un patrón descriptivo único de los “testaferros, gatekeepers o porteros”. Estos pueden ser personas naturales o jurídicas, que manejen o no grandes cantidades de dinero, pues lo que interesa es que pasen desapercibidos en el sistema financiero, he ahí lo complicado del tema. Aunado al hecho que, los “testaferros, gatekeepers o porteros” gozan, por razones obvias, de la protección de los funcionarios a quienes se les protege el botín.