En Perú: Magistrados perseguidos denuncian la crisis judicial en Venezuela

El 21 de julio, la Asamblea Nacional de  dominada por la oposición, designó a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en reemplazo de los jueces que actualmente ejercen ese cargo y que son señalados de seguir las órdenes del régimen de Nicolás Maduro.

La designación fue desconocida por el propio TSJ en actividad y de inmediato se ordenó la detención de los nuevos magistrados, además del bloqueo de sus cuentas bancarias.

De los 33 nuevos jueces, solo Ángel Zerpa ha sido detenido. El resto está en la clandestinidad, se han refugiado en embajadas o han escapado.

Los magistrados Alejandro Rebolledo, Ramsis Ghazzaoui, Gabriel Calleja y Antonio Marval lograron llegar a Miami. Ellos están en el Perú como parte de una gira para pedir a los gobiernos seguir con la presión sobre el régimen.

— ¿Cómo lograron salir de Venezuela?
Antonio Marval.
Juramos el cargo y al día siguiente se materializó una orden de detención por traición a la patria. Tras el arresto del juez Ángel Zerpa, decidimos protegernos y escapar. Yo salí, en compañía de otros magistrados, vía marítima de Venezuela hasta Aruba. Luego llegamos a Miami vía aérea [Ramsis Ghazzaoui hizo el mismo trayecto].

Gabriel Calleja. Salí por la frontera con Colombia.

Alejandro Rebolledo. Prefiero no revelarlo para proteger a la gente que me ayudó y a nuestras familias.

— ¿Cómo se sale de la crisis política en Venezuela?
Rebolledo.
En el TSJ queremos responderle al ciudadano, combatir la corrupción y poner tras las rejas a los responsables de que no existan medicinas, alimentos, a quienes se han enriquecido con ello.

— Antes el chavismo debería dejar el poder, pero no se lo ve dispuesto a ceder.
Rebolledo. Queremos que las sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluyó en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a funcionarios venezolanos, también sean adoptadas por los países de la región y por Europa, para cercar económicamente a estos sujetos que hacen que el pueblo sufra. Si eso pasa y nadie hace negocio con ellos, se aislarán económicamente y no se podrá mantener este régimen que viola los derechos humanos.

— ¿Qué pasará con quienes cometieron delitos una vez que caiga el gobierno? ¿Aceptarían un acuerdo de borrón y cuenta nueva?
Rebolledo. Nuestra Constitución establece que los delitos contra el patrimonio público y contra los derechos humanos no prescriben. Venezuela tiene sed de justicia y nosotros estamos en el TSJ para aplicarla. Jamás le fallaremos al pueblo ni haremos una justicia selectiva como la que se hace ahora.

Calleja. La justicia debe recobrar la independencia, ser imparcial. Vamos a contribuir a que los ciudadanos reciban respuestas. Y con nuestras sentencias contribuiremos a sacar al país adelante.

— ¿Qué opinan del giro que dio la fiscal Luisa Ortega, otrora aliada del gobierno?
Rebolledo. Ha sido importante su paso institucional, algo que tuvo que hacer desde hace muchísimos años. Hay una frase famosa que dice que nunca es tarde para darse cuenta de los errores. Pero, sin lugar a dudas, al decir que en Venezuela se había roto el hilo constitucional hizo posible avanzar mucho en el propósito de recuperar la institucionalidad.

— ¿Qué es lo peor que podría pasar bajo la Asamblea Constituyente?
Ramsis. Ya lo estamos viendo. Sustituyeron a la fiscal general por el defensor del Pueblo, quien asumió controles que son incompatibles con su función. No es jalado de los cabellos que en cualquier momento disuelvan la Asamblea Nacional, eliminen la inmunidad parlamentaria, los gremios, la autonomía universitaria.

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