La economía real que se encarga de la producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios no cuenta con una normativa o providencia que permita prevenir el lavado de activos dentro de este sector, por lo que se hace necesario su inclusión en la lucha antilavado para continuar avanzando en esta materia; tal y como coincidieron diversos ponentes durante la XI Conferencia Antilavado de Dinero.
Pedro López Córdoba, especialista en la implementación de sistemas integrales de administración de riesgos y ponente por Venezuela, señaló que “actualmente en el país no existen reguladores para el sector real de la economía que permitan supervisar este tipo de actividades desde el punto de vista financiero; por lo que, se deben sumar más sujetos obligados en esta materia”.
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, también resaltó que dentro de la política de prevención de lavado de activos existen sujetos obligados regulados como los bancos, las casas de bolsas y empresas de seguros; mientras que el sector construcción, joyero y bienes raíces aparecen como sujetos obligados no regulados.
“El sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es un tema que apenas y está desarrollándose, por lo que, cada día hay más personas obligadas, más involucrados y por ende, requiere de más regulación para prevenir riesgos”, sostuvo Gabriel Gómez, abogado y conferencista por Guatemala.
Carlos Caraballo, abogado y conferencista colombiano, por su parte, subrayó que actualmente hay muchos actores, aparte del sistema financiero, que están ingresando en el tema del riesgo por lavado de dinero, por lo que estos sistemas regulados y quienes trabajan en materia antilavado de dinero hacen un llamado a estos sectores no regulados para que construyan una estructura de administración de riesgo de lavado de activos y a tener un oficial de cumplimiento, para contar así con una economía comprometida en la realización de negocios seguros y rentables para el país.
“Este es un delito transnacional que no tiene fronteras y es bueno que entre naciones nos pongamos de acuerdo para regularlo y realizar acciones efectivas para acabar con este tipo de actividad ilícita y mantener una economía sólida y transparente”, comentó Caraballo.
“Está comprobado que cuando el sistema económico se alinea en materia antilavado y el Estado judicializa los casos, los índices de delincuencia comienzan a bajar y las bandas delictivas deciden mudarse para países más débiles en esta materia”, concluyó López Córdoba durante la conferencia.
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