La investigación periodística conocida como ‘Panama Papers’ que logró el análisis y divulgación de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, vislumbró que el nombre de Venezuela y de algunos de sus nacionales aparecen mencionados en 241 mil oportunidades. La transacción financiera donde se “ocultan” de forma legal recursos económicos permitió que al menos cinco venezolanos crearan sociedades en paraísos fiscales para evitar ser sometidos al escrutinio legal.
La situación dejó en evidencia que el sistema de justicia y control fiscal venezolano no han sido capaces de sancionar y contener la fuga de divisas con orígenes dudosos. A ello se suma que bancos, firmas legales y otros actores no siguieron requerimientos para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción de fondos públicos.

“Hay instrumentos que permiten sancionar a la persona que legitime capitales, esas leyes pudieran mejorarse, pudieran ampliarse, que es lo que entiendo analiza la Asamblea Nacional, el asunto de la impunidad no es falta de leyes, es falta de instituciones que funcionen y que tengan la voluntad de perseguir a quienes tienen delitos vinculados a la corrupción”, planteó el también jurista Luis Izquiel.

A juicio de Rebolledo los causantes de los recientes escándalos de corrupción en los que están involucrados venezolanos son “la debilidad institucional y el modelo económico que hizo que Venezuela tuviera una gran fuente de perversión y que la corrupción penetrara en todos los sectores, porque en vez de tener un país productor en su economía interna lo que se hizo fue un país importador”.

Rebolledo explica Estados Unidos promulgó en 2010 la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés) para exigirle a sus residentes y ciudadanos declarar dentro de su territorio las cuentas bancarias que tuviesen en bancos del extranjero con montos superiores a los 50 mil dólares. “Eso trajo como consecuencia que ciudadanos que son residentes y ciudadanos americanos estén renunciando tanto a la ciudadanía como a la residencia para ubicarse en paraísos fiscales o en países con mejores condiciones tributarias”, agregó.

Ambos abogados coinciden que a raíz de los ‘Panama Papers’ la Fiscalía General de la República puede actuar de oficio “para establecer si existe responsabilidad en el origen de los fondos” del general retirado, Víctor Cruz Weffer, el exjefe de seguridad de Miraflores Adrián Velásquez; el pastor evangélico, Javier Bertucci, el auditor petrolero, Jesús Villanueva; el empresario Pedro Torres Ciliberto y el banquero peruano Francisco Pardo, quien está detrás de un entramado de empresas que permitieron a Cuba proveer el sistema de emisión de pasaportes venezolanos. En caso de negarse a investigarlos recordaron que los delitos contra el patrimonio público no prescriben.

Por último, Rebolledo indicó que recientemente propuso una reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para poder indagar las “empresas off shore”, determinar beneficiarios reales de la cuentas, ampliar las definiciones, crear una lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP), evitar las vueltas giratorias y blindar la recuperación de activos. “Nosotros creemos que no es necesario hacer una ley para la recuperación de activos, porque ya eso es un estándar internacional”, agregó.