Oficial de cumplimiento evita actividades ilícitas.
Como medida preventiva se debe mantener buena comunicación con las instituciones gubernamentales de otros países, para investigar y procesar los casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada.
Los cambios económicos anunciados por el gobierno sobre la reducción de la asignación de divisas para viajar ocasionó malestar en algunos venezolanos. Muchos se preguntan ¿el Estado no tiene la suficiente liquidez para proveerlas? ¿Hasta cuándo hay tanta corrupción en el país? ¿Dónde están los culpables que se llevan el dinero?
Alejandro Rebolledo, es abogado especialista en derecho penal y en criminalística y conferencista internacional. Es fundador y director del IDAEP y del IPS de Panamá, ha sido ponente sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y temas afines en Estado Unidos, Panamá, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Brasil, República Dominicana y Venezuela.
En entrevista para Mercado de Dinero, Rebolledo explicó la forma de cómo el crimen organizado roba el dinero de Venezuela. “Cada día los casos de legitimación de capitales en que se ven involucrados venezolanos son fortunas incalculables. Existen cuentas en varias partes del mundo de autores, testaferros, cómplices y encubridores. Estos Sujetos que se pavonean por las calles del mundo, incluyendo Caracas, hacen vida en los clubes sociales luciendo sus excentricidades”.
Indicó Rebolledo que una de las primeras consideraciones a tener en cuenta en un caso de recuperación de activos es desarrollar una estrategia efectiva para la recopilación de información de inteligencia como pruebas, rastreo de activos y una solicitud de asistencia legal para hacer cumplir las órdenes en las jurisdicciones extranjeras.
Manifestó el experto que es necesario la inmovilización de cuentas bancarias así como la clausura preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno o industria vinculada a las personas involucradas.
Destacó que cuando un funcionario participa en la comisión de los delitos tipificados además de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicará como pena accesoria la destitución, quedando impedido para ejercer en diversas funciones públicas y suscribir contratos con el Estado por un período de uno a quince años después de cumplir la pena.
Casos sobre lavado de dinero
Afirmó Rebolledo que fue asesor de la comisión especial en el que investigó sobre lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela en el extinto Congreso de la República “trajimos para Venezuela 5 kilos de documentos del expresidente Carlos Andrés Pérez y de su compañera Cecilia Matos, quienes tenían cuentas en el BCCI de las Islas Caimán. Ese dinero fue posteriormente transferido al Chase Manhattan Bank de New York, y en ese momento se hablaba de 20 millones de dólares aproximadamente, cifra hoy día risible pero nunca justificable”.
Aseveró que es posible lograr el objetivo de recuperar los bienes que sacaron los sujetos dedicados a lavar dinero, los testaferros y corruptos de oficio. “En el caso de Vladimiro Montesinos, asesor personal del expresidente de Perú Alberto Fujimori, fue filmado cuando sobornaba a un congresista electo de la oposición en septiembre de 2000. Se rastrearon los fondos en varias jurisdicciones, incluyendo las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos. Finalmente, más de 250 millones de dólares fueron recuperados de Suiza y de Estados Unidos, así como de bancos locales en Perú”, acotó.
Otro caso resaltante fue del expresidente de Zambia, Frederick Chiluba y sus socios durante el período 1991-2001. Para el año 2002 se creó un grupo de trabajo en Zambia a fin de investigar las acusaciones de corrupción.
En Londres, el Alto Tribunal encontró pruebas suficientes que revelaban la transferencia de aproximadamente 52 millones de dólares desde Zambia hacia una cuenta bancaria operativa al margen de los asuntos del gobierno, la «cuenta Zamtrop», que era mantenida en el Zambia Comercial Bank de Londres.
En el año 2005, se logró recuperar 17,7 millones de dólares de Pedro Salomón Diepreye Alamieyeseigha, exgobernador del Estado de Bayelsa, Nigeria. También se hicieron procedimientos locales en colaboración con las autoridades de Sudáfrica y del Reino Unido. “Estoy seguro que seguirán apareciendo casos y cada detalle de ellos nos irá dando pruebas sobre los procesos venezolanos y quiénes son los responsables de los mismos” acotó.
Los couriers son utilizados para traer mercancía a Venezuela, éstas efectúan las compras luego envían los productos sin cumplir con las políticas antilavado cómo conocer al cliente y cuál es el origen de los fondos.
Parte de la responsabilidad del Estado es prevenir a la población para así evitar que los ciudadanos sean víctimas de sujetos “que su vida gira en torno al pillaje, al delito, al crimen como oficio. No hacerlo convierte al país en un territorio gris, vulnerable al lavado de dinero y a merced de la delincuencia organizada transnacional”.
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| Es necesaria la inmovilización de cuentas bancarias de personas involucradas |
Con respecto al caso Andorra, Rebolledo expresó que algunas empresas venezolanas contrataban con proveedores de servicios reales y ficticios para mantener cuentas en cualquier país inclusive en Norteamérica y en bancos de primera línea.
El abogado se preguntó “¿cuál es la responsabilidad de las firmas de auditoría que no mencionan en sus informes de evaluación debilidades en los sistemas de administración de riesgos de Legitimación de Capitales?
A la cual respondió: Las multas que se realizan a las grandes firmas en los EE.UU y España, por auditoria negligente al sistema antilavado de diversos bancos terminan recurriendo a los tribunales para evitar pagarlas”.
Explicó que “no es una operación puntual con montos poco significativos, realizados por clientes de reconocida trayectoria, eran clientes PEPs, montos elevados, países de origen y destino de alto riesgo, y la frecuencia de operaciones elevada que debieron encender todas las alertas del banco”.
Ante las cifras que se informan en las noticias US$ 4.200 millones, que tienen como origen un país (Venezuela) que destaca por sus índices de corrupción en las evaluaciones de transparencia internacional y puente de tráfico ilícito de drogas, y por otra parte un destino catalogado históricamente como paraíso fiscal (Andorra) por la OCDE con estricto secreto bancario, sería ingenuo no cuestionar cualquier flujo de capitales al menos como una operación sospechosa.
Sería interesante conocer si en esos países de origen y destino se levantaron reportes de actividades sospechosas que deben remitirse a la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo a las mejores prácticas anti legitimación de capitales.
Más evidente aun, es que personas catalogadas como expuestas políticamente ya están mencionadas en las referidas noticias como poseedores de cuentas e instrumentos financieros en la banca Andorrana y Española, donde se presume que recibían comisiones por las contrataciones acordadas con la estatal petrolera, el sistema de metro, la compañía eléctrica venezolana.
Oficial de cumplimiento
Acotó Rebolledo el oficial de cumplimiento del banco es un profesional dentro de la entidad bancaria, trabaja bajo relación de dependencia contratado por la directiva del banco para que implemente un sistema que permita administrar los riesgos en materia de legitimación de capitales y evitar que la entidad financiera sea utilizada para legitimar capitales procedentes de actividades ilícitas. Por lo general, el oficial se afianza en las estadísticas y alertas automatizados con cifras significativas o cuestionadas con figuras expuestas políticamente (PEPs), que resultarían difíciles de justificar como una omisión de reporte de actividad sospechosa a la autoridad financiera local o una auditoría interna que deben practicarse a la entidad.
