ALEJANDRO REBOLLEDO
Alejandro Rebolledo presentó en la Asamblea Nacional propuesta de Ley para la recuperación de activos
La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández recibió la propuesta de reforma parcial de la LOCDOFT realizada por Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho. El proyecto de Ley entró con el segundo punto de la agenda parlamentaria relacionado con el debate sobre la corrupción y la actuación de los poderes públicos.
En rueda de prensa realizada en el palacio legislativo venezolano, Alejandro Rebolledo informó que la “Propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, para considerar su revisión y discusión dentro de la agenda legislativa, a fin de actualizar y fortalecer la base legal necesaria que incorpore en el ordenamiento jurídico venezolano, mejores prácticas, novedosos instrumentos y efectivos procedimientos para el combate de la hoy moderna, ágil, mutante y tecnológica delincuencia organizada.
El proyecto de Ley entró con el segundo punto de la agenda parlamentaria relacionado con el debate sobre la corrupción y la actuación de los poderes públicos.

Objetivos de la Propuesta:

Explicó Rebolledo, quien es doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de prevención de lavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado que: “Como primer objetivo está lograr que Venezuela avance en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, ajustando nuestro ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales a través de una plataforma que arroje los resultados esperados en materia de recuperación de bienes, ya que es la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”.
Igualmente agregó que es necesaria la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder politico y financiero en nuestro país. “Para estos fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”.
Dijo Rebolledo que “es necesario el rescate de instrumentos jurídicos como la “denuncia” de actos de delincuencia organizada y el sistema de “proteccion del denunciante”, para recuperar y estimular esa útil y eficiente fuente de información, que durante los últimos años oficialmente ha intimidado a los denunciantes de buena fe, negándose la información de la fuente. Y por el contrario, ha servido para favorecer la actuación de las organizaciones delictivas en nuestro país, incitando muchas veces a la inmigracion de bandas criminales internacionales.
Con esta reforma, enfatizó, se pretende restituir el valor de importantes herramientas que permitan rescatar esa fuente de información, estimulando la denuncia de buena fe, e inclusive recompensar cuando a través de tales denuncias se logren setencias condenatorias, confiscación y recuperacion de bienes producto de actos de delincuencia organizada”.

Segundo objetivo:

Al referirse al segundo objetivo de la reforma, Rebolledo afirmó: “Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de Prevención y Control de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero del año 2012, conocidas como los “Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva”. Para ello planteamos la necesidad de incorporar en la LOCDOFT:

 Nuevas forma delictivas, tales como, el Contrabando, la Evasión Fiscal, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.

 Publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas.

 Definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada.

 El control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública como por ejemplo “La Vuelta Giratoria”.

 Creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesaria para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada”.

Mencionó el especialista antilavado de dinero que Venezuela logró en el año 2013, salir de la lista de países no cooperantes en materia de combate a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y este año será objeto de una nueva evaluación bajo estándares más rigurosos, que han llevado a países del continente a regresar a dicha lista negra con las consecuencias de cierres de cuentas a sociedades y particulares en el sistema financiero internacional, además de restricciones a financiamientos y los consecuentes costos de hacer negocios internacionales, lo cual perjudicaría aún más la situación económica de Venezuela.

Impacto económico para el país

En relación al impacto económico que esta reforma pudiera generar, Rebolledo explicó: “Es importante analizar, por una parte, los costos que se deriven de la creación de nuevas estructuras y por otro lado la fuente de ingreso que su actuación puede ocasionar a través de la recuperación de bienes, y así tenemos, por ejemplo, que a través de la “confiscación de los bienes”, se establece un mecanismo que permitirá a la República tener un ingreso de activos (bienes muebles, inmuebles y fondos), que podrá administrar y disponer de acuerdo con la planificación financiera y estrategia del Estado, para fines del financiamiento de las estructura de costos generada por la misma LOCDOFT, como por ejemplo: (1) los costos de organización y funcionamiento de una Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras, y (2) el financiamiento de los beneficios económicos que pueden ser concedidos a los denunciantes y/o testigos de actos de delincuencia organizada y corrupción. Es importante destacar que según declaraciones de ex ministros del partido de gobierno, el desfalco denunciado ante el Consejo Moral Republicano oscila entre los 200.000 y 300.000 millones de dólares”.

Nueva Superintendencia u Oficina Nacional

El doctor Alejandro Rebolledo hizo hincapié a los costos que deben considerarse para la creación de la Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras, la cual deberá contar con una nueva partida presupuestaria destinada a los gastos de creación, organización y funcionamiento de la referida Superintendencia u Oficina, que dependería jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia.

Rebolledo indicó: “Según lo previsto en el artículo 208 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a los elementos señalados para la reforma, presentamos esta propuesta a los diputados de la Asamblea Nacional, para que sea considerada como un instrumento legislativo con las herramientas necesarias que permitan ampliar e ir creando procedimientos breves, eficaces y expeditos contra los delitos afines a la delincuencia organizada, especialmente los relacionados a la recuperación de los activos vinculados a dichos delitos; la incidencia presupuestaria que la reforma conlleva; la adecuación legal y el fortalecimiento institucional con mayor probabilidad de acceso al financiamiento internacional; y a la necesidad que exige al Estado Venezolano de ajustar el ordenamiento jurídico para establecer las bases de los procesos judiciales que permitan la lucha verdadera, contundente y transparente contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción”.

Concluyó enfatizando: “La corrupción no tiene color político, tiene aliados de turno. Cuando ves que hay debilidades institucionales, es cuando necesitamos endurecer las leyes. Nadie quiere politizar este tema, sino que las instituciones se fortalezcan para funcionar bien. No podemos seguir sólo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para hacer que la Ley se cumpla. Hoy no hacemos nada sólo imputando, acusando y condenando. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”.

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