Sólo en 2014, tres mil denuncias sobre operaciones sospechosas se entregaron al Ministerio Público de Venezuela
Las naciones que integran el GAFI se han comprometido a aceptar la disciplina de estar sujetas a una vigilancia multilateral
Según cálculos del Banco Mundial el blanqueo de capitales mueve un volumen de 3 billones de dólares al año en todo el mundo, razón por la cual este delito es considerado como uno de los mayores flagelos a combatir en todos los países del orbe. La recuperación de activos y la incorporación de delitos como evasión fiscal, contrabando y fabricación de armas de destrucción masiva, a la Ley contra la delincuencia organizada, fue la propuesta de los expertos que se reunieron recientemente en Caracas donde se efectuó la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude.
Con la participación de 16 conferencistas, procedentes de varios países de la región, se desarrolló la cita el 17 y 18 de junio del corriente, en las instalaciones Hotel Eurobuilding, cuyo objetivo común fue tratar la lucha contra el crimen organizado.
Escándalos financieros sonados en el planeta, como los ilícitos financieros cometidos por miembros de la FIFA, una institución de origen privado y no público, los casos detectados en los bancos HSBC donde se había pagado 1.900 millones de dólares por multas relacionadas a blanqueo de capitales a distintas autoridades estadounidenses, antes de los sucesos conocidos este año; y el caso del banco de Andorra, además de los procesos de corrupción en al menos 20 entidades bancarias en Panamá, fueron objeto de largo análisis en el foro organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), el portal Web www.antilavadodedinero.com, y el Institute for Professional Studies Inc.
El abogado penalista y experto en materia de prevención de lavado de dinero, Alejandro Rebolledo insiste en efectuar modificaciones al marco jurídico que regula el tema en Venezuela, razón por la cual anunció que se entregará un informe a la Asamblea Nacional tomando en cuenta las revisiones que hiciera al país el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) en 2013, y en las cuales, al parecer el país no quedó muy bien.
-¿Hay realmente una expectativa de que eventos como este tengan algún impacto en la aplicación de políticas públicas contra el lavado de dinero?
-A nosotros nos corresponde, en este tiempo, expresar lo que hemos estudiado durante muchísimos años. Hay gente que piensa que no es el momento, pero opino que sí estamos en contexto, porque llevar la información es nuestro deber, tenemos que aportar para mejorar lo que ya está establecido. Como dice el Artículo 271 de la Constitución, los delitos contra el Patrimonio Público no prescriben, y entonces hay que mejorar los instrumentos jurídicos que tenemos a mano, para combatir el crimen organizado. (…) No es cambiar un gobernante porque la corrupción no tiene color político, sino aliados de turno. Podrá venir uno y quince gobernantes más, pero el tema es fortalecer instituciones.
-¿Las conclusiones de un foro de tal envergadura como este, que año tras año se realiza, ha tenido receptividad en el Gobierno que tiene más de 15 años en el poder?
-Cuando comenzó la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, nosotros alertamos sobre la necesidad de crear la Dirección Contra la Delincuencia Organizada en el Ministerio Público, porque no bastaba nada más con reportar las actividades sospechosas de legitimación de capitales, sino que había que acusar a los responsables y condenarlos. Fuimos una de las voces que se alzó para lograrlo. Sin embargo, este objetivo ya hoy día no es suficiente. Ahora hay que impulsar la recuperación de los bienes provenientes de esos delitos. Hoy decimos que hay que actualizar y capacitar a las personas que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de investigar, porque si no simplemente el crimen nos arropará. (…) Los estados son burocráticos, lentos y pesados, mientras que la delincuencia organizada es tecnológica, moderna e innovadora. (…) Le estamos dando un aporte importante a Venezuela.
Venezuela: Un país de alto riesgo
Durante el Foro también se desarrolló el tema sobre el riesgo país y las consecuencias que podría traernos ingresar de nuevo a la lista de naciones que no cumple con los requerimientos internacionales, para combatir la legitimación de capitales. Pedro López Córdova, Oficial de Cumplimiento en Instituciones Financieras Públicas y Privadas, tuvo a su cargo desarrollar el debate sobre “Autoevaluación de Riesgo País”. Manifestó su preocupación acerca de la posibilidad que Venezuela vuelva a ser incluida en la ‘lista gris del GAFI, que es un organismo intergubernamental encargado de elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales e impedir que esto afecte las actividades económicas lícitas. Dejó claro que las naciones
que lo integran se han comprometido a aceptar la disciplina de estar sujetas a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas, y las que no lo pertenecen al órgano pueden sufrir las consecuencias de figurar como un país no cooperante.
El Gafi analiza constantemente el comportamiento de los Estados frente a la actuación del crimen organizado. Por tal motivo López expresó que “estamos próximos a una evaluación del organismo multilateral en 2016. Recientemente- acota- incluyó a Panamá nuevamente en la lista gris, como un país no cooperante en esta materia, y sería grave para Venezuela, regresar a la lista de la que salimos en 2013, después de mucho esfuerzo conjunto de los sectores público y privado, para demostrar que aquí se combaten los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”-alerta el experto.
-¿Por qué Venezuela no pasaría la evaluación del GAFI en 2016?
-Porque la delincuencia está desbordada. La Corrupción, el secuestro, el tráfico de drogas. Sin embargo, vemos con satisfacción que los sujetos obligados (supervisores) detectan los ilícitos y ponen información en manos del Estado para que actúe. El año pasado hubo tres mil reportes de actividades sospechosas. Esos delitos se detectan, por ejemplo, en los bancos donde se evidencian movimientos inusuales de clientes que están manejando operaciones sospechosas no acordes a su perfil.
-¿Y de los casos reportados se ha obtenido respuesta, hay culpables o responsables?
-Cuando vemos las cifras que maneja el Ministerio Público sólo han ingresado alrededor de 1.000 casos. Entonces, nos preguntamos ¿Qué pasó con los otros 2.000? Hay que hacer un llamado para ver qué es lo que está pasando. ¿El Estado no lo ve? o ¿No tiene capacidad para atender tantos reportes? Esas van a ser las preguntas fundamentales del GAFI sobre Venezuela. Van a evaluar los casos que recibió el Estado, y cuántos investigó, cuántos presos tiene y cuáles son los bienes que se recuperaron, producto de la delincuencia organizada.
-¿Cuáles serían las consecuencias para Venezuela de estar nuevamente en esta lista gris’?
-Sobre todo, se vería perjudicado el sector privado. Un ejemplo de lo que podría pasar es Panamá. Los bancos estadounidenses le cerraron cuentas a 21 bancos panameños. Nos cerrarían las cuentas. Seríamos clientes de alto riego para cualquier banco del mundo. Apareceríamos en un listado de países que no cooperan contra el crimen, contra el lavado. Se afectaría hasta nuestro propio gentilicio. Así como les ocurrió a los colombianos o a las personas de origen árabe; señalados, los primeros, como presuntos narcotraficantes; y los segundos, como supuestos terroristas; y ahora a los venezolanos nos quieren estigmatizar con el tráfico de dólares. Si nos convertimos de una vez por todas en un país de alto riesgo, nos quedaría cuesta arriba hacer negocios internacionales desde el país.
-¿Cuál es su recomendación para superar la evaluación del GAFI?
-Crear un equipo multidisciplinario. Designar a un coordinador para que la evaluación de 2016 abarque a todos los sectores. Se debe reformar la Ley, porque a pesar de existir un marco jurídico, es necesario que otros sectores se incorporen a la lucha contra el crimen organizado, y que otros renglones también sean supervisados. Por ejemplo al sector inmobiliario ¿Quién lo regula? Hay que meter esto bajo la lupa. Así así como lo está la Banca y el área de Seguros. Que se amplíen las fiscalías dedicadas a sustentar los casos. Hasta ahora son sólo seis, y esto no es suficiente para la cantidad de capitales que, presumimos, se legitiman en el país.
Tecnología vs. Blanqueo
Se trata de una carrera, una competencia entre el avasallante avance de la tecnología y su uso para legitimar capitales, y los lentos procesos que se llevan a cabo en los Estados para detectarlo, lo que retrasa las acciones que tengan lugar en las distintas legislaciones.
Este tema también fue discutido durante este encuentro realizado en Caracas. Allí se disertó sobre el uso de la tecnología para detectar el blanqueo de capitales, la utilización de las monedas virtuales como instrumento distorsionador del mercado financiero, la garantía de la autoría en el proceso de previsión y la corrupción como flagelo recurrente en América Latina. La propuesta fue implementar una red de intercambio de procedimientos e información para mejorar la situación actual en la región.
Por ejemplo, en México el blanqueo y la legitimación de capitales ocupan el puesto número dos, después del narcotráfico, en la lista de los delitos más comunes. Así lo reiteró la abogada azteca Janeth Escamilla, especialista en el área de capacitación, Prevención, Detección y Reporte de Operaciones de Posible Procedencia Ilícita y quién tuvo a su cargo la ponencia “El uso de la tecnología para legitimar capital”.
Según los analistas hay que ponerle atención a la moneda virtual conocida como bitcoin, que en los últimos meses se ha presentado como una alternativa al sistema monetario y ha tenido un alcance universal, sin control centralizado y sin ningún tipo de regulación. Esta modalidad apareció en 2009, constituye un nuevo sistema basado en el valor de una moneda virtual no física y ha ido ganando seguidores hasta alcanzar un valor, en abril pasado, de 260 dólares por unidad, antes de desplomarse. Los expertos alertan sobre cómo una moneda digital ha podido alcanzar tanto auge en tan poco tiempo…
Otra de las ponencias que destacó, fue la de Ana María Palermo, directora de AP Consulting Group y especialista en control cambiario y comercio internacional. Según su visión, además de todos los riesgos descritos, al problema del blanqueo de capitales se le suman los mecanismos creados por los propios Estados para regular el mercado, como el control de cambio que tenemos en Venezuela. “Los controles de cambio absolutos no amparan todos los escenarios reales que tiene una economía, entonces las personas naturales y jurídicas tienen que cubrir esas necesidades, y acuden a mercados negros que son ilícitos”, reiteró la expositora.
La lupa del GAFI…
En 1989 durante una cumbre del G-7 se creó en París el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). Su objetivo principal fue luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Está integrado por 33 países y dos organizaciones regionales: Alemania; Argentina; Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá; la Comisión Europea; Dinamarca; España; EE.UU.; Finlandia; Francia; Grecia; el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico; Hong Kong; China; Islandia; Irlanda; Italia; Japón; Luxemburgo; México; Holanda; Nueva Zelanda; Noruega; Portugal; Rusia; Singapur; Sudáfrica; Suecia; Suiza; Turquía y el Reino Unido.
En las reuniones participan, además, observadores y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interpol y Europol, las Naciones Unidas, y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
Su período de sesiones es anual, de julio a junio, y su presidencia es rotativa,
cada año corresponde a uno de sus miembros. Al momento de su creación el G-7 lo integraban: Estados Unidos; Japón; Canadá; Italia; Francia; Reino Unido, y Alemania, y como observadores participaron: Austria; España; Suiza; Suecia; Holanda; Bélgica; Luxemburgo, y Australia.
El GAFI elaboró una serie de recomendaciones sobre las medidas concretas que deben cumplir las naciones, para demostrar que cooperan con la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto incluye la adaptación de los sistemas jurídicos y de reglamentación de los países para que sea oficial prevenir y castigar el mal uso del sistema financiero para la legitimación de capitales.
Algunas de las que destacan es que cada país tome medidas para ratificar y aplicar sin restricciones la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena), la concepción de las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras de forma que no dificulte la aplicación de las Recomendaciones, y la aplicación y seguimiento de un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales, entre otras.
Actuación del Ministerio Público
Uno de los casos más recientes sobre la actuación del Ministerio Público en el combate contra el crimen organizado, involucra al teniente de la Aviación Eduardo Figueroa Marchena, quien fue deportado la semana pasada al país desde Panamá, por estar supuestamente incurso en los delitos de legitimación de capitales, sustentado por la Fiscalía Cuarta del estado Nueva Esparta, y su supuesta participación en un golpe de Estado, desarticulado en febrero pasado por las autoridades venezolanas. Figueroa Marchena se mantenía prófugo de la justicia hasta que recientemente fue capturado en Panamá, luego de la activación del alerta roja ante la Interpol.
Además del delito financiero relacionado con la construcción de un complejo hotelero en Margarita, al militar se le señala por participar supuestamente en la llamada operación “cóndor” que, según versión oficial, comprendía la ejecución de ataques aéreos en varias zonas de Caracas donde funcionan instituciones del Estado en el centro de la ciudad. Otros casos dados a conocer por la propia jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, en varias entrevistas de televisión, son la solicitud de capturas de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y el requerimiento de información a las autoridades andorranas, suizas y españolas sobre las denuncias. La Fiscal Ortega ha dicho que su despacho está sustentando las investigaciones, y a la espera de una respuesta por parte de las autoridades de estos países.
Por su parte, diputados de oposición solicitaron ante la Asamblea Nacional investigar a funcionarios públicos con cuentas en Andorra, argumentando que cuentan con pruebas recabadas durante viajes realizados a España, mientras que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó la realización de una investigación sobre el caso, sólo si presentaban pruebas contundentes.
Otro de los casos fue la entrega a las autoridades del exjefe de la División de Drogas de la policía científica, Norman Puerta, acusado por el presunto delito de blanqueo de dinero. La misma Fiscal Luisa Ortega Díaz informó que el exjefe del CICPC, entre 2005 y 2006, “se presentó ante la Dirección de Delitos Comunes del MP, pues sobre sus hombros pesaba una orden de aprensión por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El ex comisario del CICPC fue detenido en junio de 2010 por la policía de Andorra, acusado de ser el presunto autor de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico pero fue liberado poco después. Puerta reconoció recientemente ante medios de comunicación venezolanos, que abrió una cuenta en dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) en 2006. Sin embargo, negó haber cometido los delitos que se le señalan. La BPA está actualmente intervenida por las autoridades andorranas, a raíz de una investigación en Estados Unidos por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.
Yenny García Logaldo
