@arebolledo1
Mucha incertidumbre se expresa por las medidas tomadas en el tribunal de Andorra, que permitió a los Venezolanos que tenían cuentas bloqueadas en ese país liberar el dinero.
Estos venezolanos fueron asistidos por Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007), quien en una conversación con Luis Pablo Laplana -que se filtró a los medios de comunicación- reveló la estrategia de la defensa a Salazar y, aparentemente a los otros clientes venezolanos: “Ahora bien -y aquí viene la pequeña trampa- el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar …de ocultar el origen del dinero”.
Así queda reflejado en las grabaciones que la Guardia Civil española, le realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado del BPA, Luis Pablo Laplana Moraes, hoy detenido y acusado de lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano.
Las grabaciones fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Sin lugar a dudas cada país es autónomo en cuanto a su legislación y administración de justicia, aunque es importante destacar que el Tribunal Superior de Andorra está constituido por 2 jueces de Andorra, 2 de España y 2 franceses.
La sentencia del tribunal penal andorrano basa la orden de desbloquear las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales para descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes. La decisión también se fundamenta en que los jerarcas venezolanos afectados no tenían antecedentes penales.
En trabajos anteriores explicamos, el entramado de compañías creadas en la jurisdicción panameña, con la finalidad de esconder y dificultar investigaciones futuras.
Según la legislación internacional, convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y otras herramientas legislativas, es posible conocer el camino del dinero obtenido ilícitamente.
Se puede obtener la recopilación probatoria, asientos contables, registros electrónicos, allanamientos, mecanismos utilizados a nivel nacional e internacional, bancos, seguros, registros públicos y aduanas.
Y toda esa información ofrece la posibilidad de incautar, embargar, congelar cuentas y otros instrumentos financieros para llevar a estos venezolanos a un juicio por legitimación de capitales, y así lograr la devolución de los activos obtenidos por ellos producto de los delitos cometidos.
Las unidades de inteligencia financiera del mundo están enlazadas con el Grupo de Egmont, que comparte información de todas los reportes de actividades sospechosas del mundo. Si las autoridades de un Estado quieren saber quién es un individuo o una compañía, simplemente le piden la colaboración a la unidad de inteligencia financiera del país donde tenga cuentas el investigado.
Estas unidades están obligadas a suministrar la información, en virtud de los acuerdos suscritos con el grupo, que tiene por finalidad el intercambio recíproco de información para la lucha contra el lavado de dinero.
A los bancos del mundo que manejan parte del negocio financiero, por más “ceguera voluntaria” que tengan con un cliente o un grupo de clientes, cuando se les presione con ser multados cerrados o vetados simplemente entregaran las cuentas.
Todos estos venezolanos involucrados en presunto lavado de dinero están siendo registrados como clientes de alto riesgo internacionalmente y tendrán que pagar altas comisiones para mantener sus cuentas. Siempre existirán paraísos fiscales e intermediarios capaces de vender a su madre por un plato de lentejas, pero cada vez les costará más dinero.
La trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor, experto en esta materia, le prometa a un corrupto o blanqueador de dinero que puede ocultar las ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, y que puede convertirlo en una especie de David Copperfield de la corrupción, eso no es posible
Con asistencia legal mutua, cooperación internacional y voluntad institucional la estructura de blanqueadores y corruptos no podrá sostenerse. Les recuerdo el caso del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, quien tenía 150 Cuentas Bancarias en el Banco Riggs de EE UU y se descubrieron. También está la repatriación a Perú del dinero de Vladimiro Montesinos que se encontraba en cuentas ocultas en Suiza.
Todo análisis e investigación en este tipo de delitos lleva tiempo. Estamos seguros que ni las cuentas ni los señalados son los únicos, falta mucho. La experiencia da como resultados que en lugar de desaparecer las huellas, cómplices y vinculados, ocurre lo contrario; aparecen más pruebas e involucrados.
En Venezuela tenemos una luz que no deja de alumbrar. El artículo 271 de la Constitución dice: “Los delitos contra el patrimonio público no prescriben”.
