La evasión fiscal, el contrabando, el fraude, el lavado de dinero y la legitimación de capitales parecen impregnar las economías mundiales. Este 2015 ha vislumbrado casos de corrupción en los que se mencionan a personalidades como la esposa del presidente de México, la primera dama de Perú, funcionarios públicos venezolanos con dinero en Andorra, el expresidente Ricardo Martinelli en Panamá, el hijo de la presidenta chilena, Petrobras en Brasil y la Fifa, por nombrar los más conocidos.
El conocimiento público de estas irregularidades financieras demuestran además que sí se está haciendo algo en el mundo para combatir estos delitos. Aún falta un punto relevante que abordar que es la inexistencia legal mutua que permita la cooperación internacional en la prevención y el ataque de estos delitos financieros, para lograr la recuperación de activos en el exterior.
Así lo expresó Alejandro Rebolledo, abogado especialista en derecho penal y en criminalística e impulsador de la Conferencia Internacional Antilavado de dinero, Riesgo y Fraude.
Para Rebolledo, la prevención de estos delitos es considerada como un reto del siglo XXI, por lo que agregó: “Queremos que se vea que en Venezuela existe una iniciativa. Nosotros somos gente honesta y trabajadora. Combatir la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando para lograr la recuperación de activos es un reto que tenemos por delante”.
La Conferencia busca divulgar planes preventivos, alertas que las empresas y el ciudadano común debe tener en cuenta para detectar alguna irregularidad que devenga lavado de dinero, fraude y corrupción. Al respecto, Rebolledo fue enfático y dijo: “La prevención de esto no es de gobierno, la corrupción no tiene color político sino aliados de turno”.
Nuevo orden legal
Una propuesta para la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada será llevada a la Asamblea Nacional por un grupo de profesionales, entre ellos Alejandro Rebolledo, quienes buscan que la evasión fiscal, el contrabando y la fabricación de armas de destrucción masiva sean incluidos en la ley como delitos generadores de legitimación de capitales.
Este tema también fue expuesto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en el año 2012, en sus 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de dinero, el fraude y la legitimación de capitales.
El abogado agregó que la ley debe contar con un capítulo para la recuperación de activos producto de la delincuencia organizada. Uno de los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la recuperación de activos, no solo condenar a los involucrados sino que se recuperen los activos. Además, destacó: “Si no se recuperan los activos no se hace nada. Venezuela no tiene que estar pasando por situaciones difíciles con tanto dinero que se han robado. Estamos montados en esto, en que las instituciones se fortalezcan” y poder recuperar el dinero extraído.
“El Estado es burocrático, lento y pesado; el crimen es moderno, tecnológico e innovador. Hay que hacer el instrumento legal, venga quien venga”, resaltó.
Unos de sus logros
Alejandro rebolledo fue asesor de la comisión que investigó el lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela. En la investigación se consignaron cinco kilos de documentos de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos; en los que se determinó la sustracción de 20 millones de dólares.
—¿Pero hay quienes piensan que es más probable que en Venezuela le quiten algún bien en el exterior que repatriar ese dinero?
—La gente duda que cuando se recupere el dinero vaya a las manos de las personas que precisamente lo dilapidaron. Yo he dicho que hay una figura de contrato que se llama el fideicomiso, que metamos todos esos bienes y dinero en un fideicomiso y que se nombre una comisión del Estado, que sea amplia y mixta para administrar esos recursos. Pero si no lo hacemos, si no comenzamos, vamos a perdernos. Nosotros tenemos que ir avanzando en esto, porque después los bienes los van a vender, los van traspasar, los van a desaparecer.
—¿Hoy no existe la figura legal para hacer esto?
—No existe; para recuperar los activos en el extranjero no, para recuperar activos aquí sí. Venezuela debe contratar a un bufete para hacerlo. Más allá del tema de la cooperación internacional y la existencia legal mutua que se necesita para que se congelen los bienes se tiene que actuar como Estado, como interesado y como víctima. Es un proceso penal, factible, viable y lo podemos lograr con transparencia legal, con independencia de poderes.
El punto son las instituciones
La delincuencia organizada se ha fortalecido en la región latinoamericana, y ha colaborado son las debilidades en las instituciones públicas y privadas. El abogado Rebolledo refirió que hablar del fortalecimiento de las instituciones no parte de un cambio de gobierno, porque la corrupción no tiene tinte político.
Aprovechó para definir que el lavado de dinero es esconder un dinero producto de actividades ilícitas y darle apariencia de lícitas; cobro por algo y resuelvo por otro lado, a ese dinero se le da una apariencia de lícita. Y el fraude – refirió Rebolledo- es la acción que por medio de artificios se engaña a otra persona. Esa práctica llevada al dinero y a los negocios hace posible que se le dé a algo de origen ilícito una apariencia lícita.
El experto puso de ejemplo a un funcionario de drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que en el año 2010 exigió que le devolvieran sus ahorros producto de su trabajo, los cuales estaban depositados en un banco de Andorra. Reclamó 1.400.000 dólares.
Y agregó que la delincuencia organizada también funciona, por ejemplo, en el caso del sistema cambiario: gente en Cadivi y en el Ministerio de Finanzas y en bancos.
También Rebolledo expuso lo que ocurre con las llamadas personas expuestas políticamente (PEP), quienes tienen cargos en un gobierno o han tenido cargos, éstos no solo son arrastrados ellos sino que también su entorno. Si una personas ha sido magistrado y sale del cargo arrastra a sus hijos y a sus seres más cercanos.
Pero el abogado considera que en estos casos no puede “sentenciarse” a todo el entorno de ese funcionario expuesto. “He dicho que tenemos que abrir el debate en la región para ver qué tiempo debe desclasificarse un PEP; creo en lo personal que debe ser tres años”, apuntó.
Para el especialista en derecho penal y criminalística, existe en el mundo una doble moral. Explicó además que en los Estados Unidos y Europa tienen refugiados a miles de sujetos que se “pavonean con sus excentricidades, pero nosotros somos los delincuentes y corruptos; cuando deberían (esas naciones) no permitir que esta gente tenga cuentas y congelarle los bienes”.
“Ninguno de estos países tiene que enseñarnos. Nosotros tenemos suficientes pericias en la región para enseñarlos a ellos, lamentablemente de nuestras experiencia”, apuntó.
