Dados los acontecimientos relativamente recientes, como el caso denominado “Panamá Papers”, entre otros, parece que el lavado de dinero o legitimación de capitales impulsado, en particular, por la corrupción política y el narcotráfico, como principales actividades ilícitas, cobra singular importancia en Venezuela, América Latina y el mundo, en general.
Alejandro Rebolledo, abogado especialista en anti-lavado de dinero, afirma que no sólo se blanquea dinero en Venezuela, sino que “ya se conocen las redes de soborno, corrupción y lavado de dinero que actuaron en Petróleos de Venezuela”. Refiere que el empresario zuliano Roberto Rincón, conocido como proveedor de bienes y servicios de PDVSA, y su socio en Miami, Abraham Shiera, también zuliano, “admitieron en la Corte de Houston, Estados Unidos que sobornaron a tres ex-funcionarios de PDVSA con más de 1.000 millones de dólares para obtener contratos, mientras que tales funcionarios reconocieron que fueron sobornados”. Rincón y Shiera habían sido detenidos en diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, bajo los cargos de fraude y lavado de dinero. “Allí hay una red con nombres y apellidos, bancos y países”, añade Rebolledo.
En ese sentido, un grupo de abogados y otros representantes de la sociedad civil venezolana están impulsando la recolección de 20.000 firmas para llevarlas al Departamento de Estado de EEUU y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país, con la finalidad de solicitarles que “revisen los expedientes migratorios de los últimos años de aquellos ciudadanos que han logrado ciudadanía, residencia, visado y asilo”, en particular, “de las personas que están siendo investigadas o vinculadas al gobierno venezolano”, apunta Rebolledo.
“Es decir, no puede ser que sujetos como los que he nombrado tengan residencia, negocios y empresas en EEUU, por eso necesitamos que el Departamento de Estado revise el status de personas como esas, porque es inadmisible que tengan refugio en Estados Unidos, además de que deben venir a Venezuela a rendir cuentas”, agrega.
Tras afirmar que la corrupción “no tiene color político, sino aliados de turno”, y que “es el principal origen de capitales ilegítimos en Venezuela”, Rebolledo indica que “en las últimas dos gestiones de gobierno en Venezuela, la corrupción ha sido realmente impactante por la falta de control y las debilidades institucionales. Además, el tráfico de drogas también se ha fortalecido”.
El Instituto de Altos Estudios de Derecho introdujo en la Asamblea Nacional una propuesta de reforma parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. “El objetivo es actualizar y fortalecer esa base legal e incorporar mejores prácticas y efectivos procedimientos para combatir la hoy moderna, ágil, mutante y tecnológica delincuencia organizada”, explica Rebolledo.
La propuesta incluye, además de nuevas formas delictivas, modificar el título que se refiere a la recuperación de activos. “Proponemos que se establezca una recompensa para aquellas personas que den información sobre bienes y activos obtenidos ilícitamente y que de ellos se pueda recuperar por lo menos el 20%. Esto está funcionando muy bien en Estados Unidos, donde 26 personas han sido recompensadas con más 57 millones de dólares desde 2011”.
Normas
La vigente Resolución 119-10 del 9/3/2010, promulgada por la Superintendencia de Bancos (Sudeban), referida a las “normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones reguladas” por esa superintendencia, considera que son “clientes de alto riesgo” las empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas; casinos y salas de juego; prestamistas; asociaciones civiles sin fines de lucro o fundaciones u organismos no gubernamentales (ONGs); inversionistas y agencias de bienes raíces; personas expuestas políticamente (PEP), incluyendo familiares cercanos, asociados y estrechos colaboradores de las PEP.
Asimismo abogados, contadores públicos y otros profesionales independientes, cuando éstos ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para sus clientes relacionadas con la compra-venta de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores; contribución para la creación, operación o administración de compañías y entidades comerciales, industriales o financieras; administración de activos; y creación, organización, operación o administración de sociedades, empresas y personas jurídicas; de igual manera, personas jurídicas constituidas y establecidas en países , estados o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario, carencia de tratados internacionales en la materia, así como tributos reducidos o inexistentes.
“Papeles de Panamá”
A principios de abril pasado, reventó el caso “Panamá Papers”, destacado por la filtración de 11 millones de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca. Venezuela es mencionada 241.000 veces.
Aparecen involucrados algunos venezolanos, además de mandatarios, líderes políticos, deportistas, empresarios, miembros de casas reales, etc., de diversos países .Tales papeles []revelan el ocultamiento de activos y empresas, evasión tributaria, etc. A finales de abril, las autoridades venezolanas imputaron al empresario Josmel Velásquez Figueroa, presuntamente vinculado al caso, y a su madre Amelis Figueroa, quien también es madre de Adrián Velásquez Figueroa, supuesto ex funcionario de seguridad del Palacio de Miraflores, y quien habría contratado a Mossack Fonseca para llevar inversiones a paraísos fiscales. También ha sido mencionada Claudia Díaz, supuesta ex tesorera de la nación y esposa de Adrián Velásquez. Otros venezolanos que aparecen en los Panamá Papers son el general (r) Víctor Cruz Weffer, cercano colaborador de Hugo Chávez; y los empresarios Desiré Obadía Medionies y Javier Bertucci, entre otros. El suceso está en desarrollo.
Por César Contreras Altuve
