La violencia ha tomado en la Región, especialmente en Venezuela, dimensiones y formas nunca antes vistas, lo que causa un daño irremediable contra las personas, las familias y las comunidades, debilitando el desarrollo nacional, multiplicando la preocupación y cuestionamientos respecto a la manera como los gobiernos nacionales, estadales y municipales, enfrentan la problemática de la delincuencia organizada que se nutre del lavado de dinero, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el narcotráfico y demás delitos afines.

La proximidad de Venezuela a naciones productoras de drogas, las debilidades presentes en su régimen antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral y hechos sustanciales de corrupción de oficiales y otros actores dentro de sectores relevantes del país, hacen que sea vulnerable al delito como lo han referido en variadas ocasiones en los Informes elaborados por el Departamento de Estado sobre el Control de Narcóticos de los Estados Unidos de América.

A pesar de que Venezuela no es un centro financiero offshore, muchos de los bancos locales tienen oficinas en el exterior, y de acuerdo con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera del país, se registran anualmente numerosos reportes de operaciones sospechosas cuyos orígenes están bajo investigación. Actualmente el contrabando, la evasión fiscal, el tráfico de armas y la corrupción, son los aspectos de mayor repercusión en el mundo, donde la delincuencia organizada no trata de sustituir al Estado como en el caso del terrorismo, sino de convivir con él para acomodarse en su estructura.

Por esta circunstancia en Venezuela urge reformar la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y más aún cuando el pasado 16 de febrero de 2012, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aprobó nuevas recomendaciones para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en la cual se amplía y se incorporan los delitos de contrabando, evasión fiscal y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, profundizando la lucha en la recuperación de los activos obtenidos producto de actos de corrupción, y sugiriendo a los países la adopción de modelos con enfoques basados en el riesgo.

De igual manera, las demás instituciones públicas y privadas latinoamericanas deben establecer los mecanismos necesarios para evitar los riesgos y comenzar a hablar de lo que las Naciones Unidas plantea como negocios responsables y seguros, donde se conozca a los clientes y se sepa de dónde provienen los capitales para evitar el lavado de dinero que es una de las principales luchas que deben librarse contra las mafias, que no sólo son bandas de delincuentes sino auténticas comunidades criminales capaces de influir en la política económica de un país.

Por tal razón es necesario nutrir el espíritu y letra de la legislación venezolana basada en el ánimo de colaboración con la sociedad y el Estado, con un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a los problemas de seguridad y justicia en democracia, pues de lo contario la política de Estado seguirá estéril si no se toman decisiones y se realizan acciones contundentes, para reducir las prácticas de corrupción e impunidad, que vienen a ser elementos para la multiplicación y diversificación de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. El diagnóstico y las estrategias para contener y acabar estos fenómenos han sido insuficientes. La información disponible muestra un acelerado crecimiento de la violencia, lo que causa un grave daño a las personas.

Aunque las oportunidades para la corrupción e impunidad son aprovechadas por individuos, se construyen en ambientes institucionales que las propician o las toleran. Por ello, la corrupción e impunidad no se explican -y mucho menos se resuelven- reduciéndolas a un problema a nivel individual. Es un problema representado por conductas personales, sin duda, pero descansa sobre la mala calidad de los sistemas de control de la gestión de procesos y recursos.

Siempre existe la posibilidad de que la corrupción sea generalizada, que estas personas abusen de su poder para su propio enriquecimiento ilícito a través del soborno, malversación de fondos, y otros delitos contra el patrimonio público.

Las relaciones de negocios con personas que ocupan cargos públicos importantes y con personas o compañías claramente relacionadas con ellas, pueden exponer a riesgos de reputación y/o riesgos legales. Debemos recordar los casos en nuestra región de: Pinochet, Rodríguez, Fujimori, Portillo, Alemán y Noriega, por mencionar algunos.

Los funcionarios públicos deben evitar ser involucrados directa o indirectamente en actividades ilegales, porque las organizaciones mafiosas siempre presentan propuestas económicas atractivas, y deben ser combatidas. También evitar la competencia desleal, poner en práctica medidas antilavado para reducir el riesgo de sanciones administrativas o legales, prevenir la corrupción, la complicidad, facilitar la toma de decisiones estratégicas, entre otras.

Si una institución no tolera la corrupción e impunidad, quien incurra en ella será disfuncional y, por ende, será sancionado. Sin menoscabar el poder corruptor específico del crimen organizado, que es inmenso, lo cierto es que la propia corrupción e impunidad se han instalado como incentivo del quehacer cotidiano, en innumerables situaciones contando con la participación de la ciudadanía, incluso como actor propiciador.

La corrupción y la incapacidad generalizada de las políticas de seguridad y justicia para servir a la sociedad han terminado por extender la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Un cúmulo incalculable de sucesos cotidianos, revela la insatisfacción del gobernado en su contacto con las instituciones del Estado. De ahí surgen valores y actitudes entre los funcionarios y los ciudadanos que reducen la interacción positiva. La desconfianza recíproca produce más desconfianza y el Estado no ha sabido cortar ese círculo vicioso. Peor aún, buena parte de los gobiernos ha optado por decidir y actuar sin la validación de la legitimidad ciudadana.

De ahí, que las acciones de los aparatos de seguridad y de justicia muchas veces producen mayores problemas, en tanto no se alinean con la atención a las causas profundas de la inseguridad, la violencia y delincuencia. No se debe olvidar que el policía es el primer juez frente al delito, por eso debe ser honesto en sus actuaciones.

Todo esto incide en el conjunto de instituciones responsables de hacer cumplir la ley y de administrar justicia. El Estado, con frecuencia, se guía por objetivos a corto plazo con fines en algunos casos de carácter político o electoral, generando con ello mayor distanciamiento entre las instituciones. Los cuerpos policiales no sólo se deben esmerar en logros puntuales y efectivos, o lo que muchos llaman actuaciones efectistas, puntuales y de impacto oportuno frente al ciudadano. Debe ser igual para todos.

Cada medida previa que reduce los riesgos de un evento que contraviene los fines de la seguridad y la justicia, es más eficaz y eficiente que aquélla que busca controlar los daños consumados. El nuevo equilibrio debe al menos buscar ser equiparable el gasto público dedicado a la prevención que el destinado al control. Debe priorizarse el desarrollo de estrategias modernas de prevención que promuevan conductas tendientes a la reducción de riesgos. A su vez, la mejor prevención es la que fortalece la cohesión social y, en esa medida, revierte la exclusión.

Todos los actores políticos e institucionales son responsables de sumar sus proyectos a la construcción de una auténtica política pública de seguridad, y equidad de la justicia. Es necesario mejorar los mecanismos formales que así lo garanticen. Pero nada será suficiente si no existe compromiso y voluntad por parte de todos los actores.

El papel de la justicia en nuestra sociedad debe adoptar una perspectiva multifactorial del delito, de modo que las diversas instituciones del Estado se alineen para avanzar con el fin común de reducir las condiciones que propician la delincuencia y sus consecuencias, ya que el factor disuasivo de la justicia no radica en las sanciones que se escriben en el texto legislativo. La disuasión de la justicia penal yace en su eficacia y en la aplicación del derecho. El sistema de justicia debe atacar los factores de la violencia y la criminalidad, impulsar la resolución del conflicto social que frecuentemente antecede a la violación de la ley y garantizar la efectiva sanción de los responsables de delitos.

Es indispensable que los legisladores recaben, escuchen, analicen y debatan los planteamientos de la sociedad acerca de la seguridad y la justicia, como elementos de primera importancia para la preparación de iniciativas y dictámenes y la correspondiente deliberación. En este desempeño es absolutamente indispensable que actúen con plena independencia.

Cualquier proceso de reforma de la ley, debe ir encaminado a la generación de confianza en las instituciones y a promover un proceso de cohesión social. Para ello es importante realizar una profunda revisión de la legislación venezolana, para así procurar que: La política legislativa deba enfocarse en la prevención del delito, en el abatimiento de la impunidad, en reducir el número de muertes y de lesionados, en la preservación de la libertad y la integridad de las personas y en la defensa de los derechos patrimoniales.

Por otra parte, debe fijar como meta el fortalecimiento del sistema de justicia: que su función recupere el sentido en una sociedad democrática. Es necesario detener la lógica de lealtad al superior jerárquico por encima de la lealtad a la ley y al sistema de justicia, objetivo intrínsecamente vinculado al montaje de robustos sistemas de rendición de cuentas.

Por último, es necesario señalar que ninguna política puede desentenderse del cumplimiento cabal de las leyes. La investigación de los delitos, la protección de víctimas, la reparación del daño y el control democrático, son simple y llanamente, impostergables.

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