Se realizó en Caracas el Simposio Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude 2017, con la participación de 7 oradores que disertaron sobre las técnicas, estrategias y métodos relacionados con la prevención y control contra la legitimación de capitales, riesgos, fraudes financieros y demás delitos afines a esta actividad que amenaza con la destrucción de la economía de los países.

Uno de los objetivos del Simposio, fue demostrar como la legitimación de capitales origina graves repercusiones socioeconómicas al penetrar mayores flujos de dinero ilegal a los mercados financieros débiles, multiplicando los efectos negativos provenientes de la acción del crimen organizado.

Asistieron reconocidos oradores con una excelente trayectoria como especialistas en temas referentes al lavado de dinero, riesgos, fraudes y demás delitos que inciden negativamente en las transacciones financieras, por lo que sus presentaciones se refirieron a las actividades enmarcadas dentro de la solidez del sistema bancario, el desarrollo sano del sector financiero, control del sector informal, la calidad de las instituciones y la calidad de la gestión empresarial, así como la realización de negocios serios y responsables.

Fueron sus oradores, el doctor Alejandro Rebolledo, quien expuso el tema: “La Lista OFAC: Efectos, consecuencias y licencias”; José Antonio Gil, tema: “Las criptomonedas y los riesgos asociados con operaciones vinculadas al lavado de dinero”; Ignacio Fernández con el tema: ¿Cómo afecta el De-Risking a las empresas del sector asegurador?; Pedro Luis López, tema: “Oportunidades de mejoras frente a las evaluaciones internacionales del SIARLCFT”; Raymond Orta, tema: “La Ciberextorsión en Venezuela: Causas y consecuencias”; Alonso Javier Brito, tema: “Impacto de los cambios normativos en la actividad aseguradora y Tibor Hajdu, con el tema: “Tendencias de los delitos informáticos: Últimas técnicas y herramientas prácticas para afrontarlos”.

Durante su exposición el doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista especialista en delitos de delincuencia organizada y fundador-director del Simposio dijo: “Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac), designa a ciudadanos de cualquier país extranjero como vinculados al narcotráfico, lo hace según las disposiciones de la Ley Kingpin que ordena a su poder Ejecutivo identificar e impedir a narcotraficantes extranjeros de gran relevancia, a sus empresas relacionadas y a sus colaboradores, actuar en el sistema financiero de Estados Unidos, al igual que prohíbe cualquier transacción comercial o financiera entre estos y ciudadanos o empresas estadounidenses.

Es de enfatizar, agregó, que si alguna institución permite que personas de la lista Ofac operen, corre el riesgo de ser considerada cómplice o facilitadora en la legitimación de capitales provenientes de algún delito”.

Aclaró que las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles a penas criminales más severas. “El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas millonarias. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Hay que recordar, indicó, que en los tribunales judiciales norteamericanos dan por hecho que las sanciones están sustentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través del cual se congelan las cuentas y bienes a los funcionarios sospechosos que estén incluidos en las Lista Negra Ofac, los vinculados con la delincuencia organizada, lavado de dinero, soborno, tráfico de drogas, terrorismo, estafa, corrupción y violación de los Derechos Humanos.

Asimismo afirmó: “es necesaria la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder político y financiero en nuestro país. Debemos contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”.

Rebolledo señaló que lleva adelante una iniciativa respalda por más de 6.500 firmas para averiguar los expedientes migratorios de venezolanos que viven en los Estados Unidos con capitales provenientes de la corrupción y de los dineros saqueados en Venezuela.

Agregó que: “no solo hay que recuperar los bienes saqueados del país, sino también acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. No debemos conformarnos con que se les congelen los bienes producto del delito, sino perseguir a los corruptos y recuperar el dinero obtenido ilegalmente para que pueda ser devuelto al país”.

Cabe indicar que el Simposio contó con una sesión especial referentes a los casos que se han venido presentando sobre esta problemática delictiva, tanto a nivel nacional como internacional, y donde los asistentes mostraron gran interés, especialmente a los referidos a personas, instituciones y organismos incluidos en la lista OFAC, paraísos fiscales, las evaluaciones internacionales, ciberextorsión, las técnicas para evitar ser víctimas de riesgos y fraudes financieros, la recuperación de activos, la investigación de testaferros de funcionarios que se han prestado para ocultar la fortuna y los bienes a gente que le ha hecho tanto daño a Venezuela, así como otros aspectos característicos del crimen organizado.

Concluyó el evento dejando claro que la debilidad institucional que existe en Venezuela y es por ello que se debe seguir insistiendo en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en “Primera Discusión en la Asamblea Nacional, como también en las actividades que procuren aumentar el adiestramiento y capacitación de los entes públicos y privados, para contrarrestando la delincuencia organizada.

LaPatilla

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