• Fue realizada por Alejandro Rebolledo, director el Instituto de Altos Estudios de Derecho, para sus colegas profesores y alumnos de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (FACES).
• En su disertación afirmó que en Venezuela existe una doble moral con la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando y demás delitos, que permite sea refugio para delincuentes ante la falta de voluntad política y ceguera voluntaria por parte del gobierno.
“Venezuela es un país vulnerable a la legitimación de capitales debido a la situación de frontera con naciones productoras de drogas, las debilidades que presenta su sistema antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral, escándalos de corrupción y otras actividades delictivas características de la delincuencia organizada, cuyas propuestas son atractivas para corromper a las instituciones, tanto públicas como privadas”.
Así lo expresó Alejandro Rebolledo en la Clase Magistral: “La Legitimación de Capitales en Venezuela y su Repercusión Internacional”, ofrecida como inicio de clases, a alumnos y al Comité Académico de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la UCV, integrado por los profesores: Nelson Lara, Alexis Aponte, Jesús Silva, Francisco Barrios, Julio Corredor, Isabel Carmona y Carlos Zavarce.
Alejandro Rebolledo, quien es abogado, profesor-fundador en la U.C.V, de la Cátedra de Prevención y Control Contra la Legitimación de Capitales, afirmó: “Hay necesidad de fortalecer la institucionalidad en el país para frenar la delincuencia organizada “que ha penetrado distintos niveles del Estado. Mientras el Estado es pesado, lento y burocrático el crimen organizado, es moderno tecnológico e innovador. Las mafias son organizaciones de poder”.
Frente a una asistencia de 200 participantes, indicó que la delincuencia organizada se ha convertido en una amenaza para la paz, el desarrollo y soberanía de los países a través de sus redes. “Esto se va a terminar el día que definitivamente se persista en perseguir la ruta de los que se hacen ricos con los activos saqueados del país con prácticas de actividades ilegales. Es hora de no quedarse sólo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para lograr leyes aún más severas contra el delito organizado y recuperar los fondos y activos que se han robado.
La corrupción, agregó Rebolledo, de acuerdo con la ley y contra la ley puede ocurrir a todos los niveles, oscilando desde las altas esferas hasta las más comunes, permitiendo a la delincuencia organizada, con sus recursos ilimitados, corromper a personas que se pavonean con una “doble moral”, mostrando los bienes adquiridos ilícitamente. La corrupción siempre tiene aliados de turno, capaces de armar estructuras para ocultar el dinero sucio”.
Continuó diciendo. ”Hoy vemos que en muchos enjuiciamiento de altos personeros responsables de crímenes financieros no hay castigo, más bien mantienen sus fortunas intactas, disfrazando la forma de procesar los ingresos, a través de fondos fraudulentos, como por ejemplo los casos de corrupción donde se señalan a venezolanos involucrados con PDVSA, Banco Peravia, Banca Privada DAndorra, y otros casos de la región, como el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli; el hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández; la mansión de la esposa del presidente de México, Peña Nieto; la operación Lava Jato que involucra a altos personeros del gobierno de Dilma Rouseff, entre otros.
Es de indicar que producto de esta actividad ilícita millones de dólares salen de forma “camuflada”, utilizando medios ilícitos como la corrupción pública o privada, la evasión de impuestos, contrabando, transferencias electrónicas no reportadas como sospechosas, tráfico de drogas, fraudes, etc., los cuales se vuelven invisibles o indetectables, por las falta de voluntad política, la doble moral y la ceguera voluntaria de quienes tienen la facultad de realizar el control y debida vigilancia”.
Ante la problemática de la legitimación de capitales, la corrupción, la evasión fiscal y demás delitos afines al crimen organizado, hemos introducido ante la Asamblea Nacional de Venezuela, una propuesta de reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, para su revisión y discusión dentro de la agenda legislativa, a fin de actualizar y fortalecer la base legal necesaria que incorpore en el ordenamiento jurídico venezolano, mejores prácticas, novedosos instrumentos y efectivos procedimientos para el combate de dicha problemática”.
Aclaró que el proyecto permitirá de manera efectiva, no sólo recuperar los bienes saqueados del país, sino también acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros y demás involucrados que posean bienes de fortuna de procedencia ilegal en el extranjero. “No sólo es necesario congelar los bienes producto del delito, sino perseguir a los corruptos y recuperar a través de la confiscación de esos bienes, el dinero obtenido ilegalmente para que pueda ser devuelto al país.
Por tal razón, indicó Rebolledo, es claro el grave problema que se presenta en Venezuela, y la única forma de combatirlo es con instituciones autónomas e independientes, al servicio del interés común de la sociedad, para así realizar una supervisión, control y vigilancia adecuada que minimicen los riesgos de legitimación de capitales e incluso al ser detectados, se proceda de forma inmediata a investigar el hecho y determinar las sanciones a que haya lugar”.
Para finalizar enfatizó: “Según lo previsto en el artículo 208 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto de ley fue introducido a la Asamblea Nacional, especialmente para lograr la recuperación de los activos vinculados a delitos de delincuencia organizada y corrupción… Este último delito, no tiene color político. Tiene aliados de turno. Cuando ves que hay debilidades institucionales, es cuando necesitamos endurecer las leyes. Nadie quiere politizar este tema, sino que las instituciones se fortalezcan para funcionar bien. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”.
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