La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha sido –entre otras cosas-una de las grandes causantes de la devastación económica por la que atraviesa Venezuela.

Prácticamente a diario salen a relucir nuevos casos que corroboran que las riquezas de la nación petrolera fueron sustraídas de sus arcas, para ser llevadas a diversas cuentas privadas en paraísos fiscales, contándose en miles de millones de dólares la suma de dinero que lograron sacar del territorio en estos 19 años en los que la autoproclamada “revolución bolivariana” ha llevado las riendas del Estado.

Pero, ¿es posible la devolución de ese dinero? El abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado y editor del portal Antilavado de dinero, Dr. Alejandro Rebolledo, asegura que sí. De lo contrario, añade, “tendremos delincuentes presos y millonarios”.

“Tenemos que acabar con la impunidad, sancionando a funcionarios, testaferros y demás involucrados que posean bienes y fortunas de procedencia ilegal en el extranjero”, dice.

De acuerdo con el especialista en antilavado de dinero, esto se podría lograr a través de una estrategia efectiva para la recopilación de información de inteligencia como pruebas, rastreo de activos y asistencia legal mutua.

Una vez logrado esto, “es indispensable el bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias, así como la clausura preventiva de cualquier establecimiento vinculado a las personas involucradas. Además, paralelamente se debe mantener comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países, a fin de investigar y procesar casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada”.

Y es justamente allí hacia donde apuntan las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios y vinculados al Ejecutivo venezolano en el delito del lavado de dinero.
“Se necesitan acciones concretas para restringir la capacidad de funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo de abusar del sistema financiero internacional”, escribió el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, recientemente en un comunicado. Y es que, visto el declive en la producción de crudo de Venezuela y el incumplimiento por parte de Caracas de sus obligaciones externas, la recuperación de la crisis “tomará tiempo y requerirá un apoyo externo significativo”, apuntó.

Para Rebolledo, la clave para la ayuda financiera que necesita la nación petrolera para una recuperación luego de la transición política estaría en la recuperación de los bienes sustraídos de las arcas del territorio. Cifra que, estima, ronda los 800 mil millones de dólares.

“El monto es global y no de los últimos años. Calculamos que son más de 800 millardos de dólares los que se han lavado en Venezuela en los 18 años del gobierno a través de Pdvsa y sus filiales, mediante sobrefacturaciones y subfacturaciones a empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado, en organismos como Cadivi y Cencoex, con los sistemas Simadi, Sitme, el convenio Aladi, la utilización del Sucre como moneda digital, el Arco Minero y la corrupción interna”, expone.

De allí la importancia de cada caso que ayude a la identificación de estos sujetos que han colaborado a la destrucción económica de la nación, como–por ejemplo- los ocurridos en Pdvsa, Cencoex y el Arco Minero del Orinoco, entre otras instituciones que forman parte de la organización criminal que conduce a Venezuela y que la ha convertido en un Estado mafioso.

“Cada caso de legitimación de capitales en que se ven involucrados venezolanos son fortunas incalculables. Funcionarios, exfuncionarios y allegados de estos que se pavonean por las calles del mundo, incluyendo Caracas, hacen vida con sus excentricidades, como si no fuera con ellos”, expone Rebolledo.

¿Cómo la corrupción destruyó al país?

Según el especialista, la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela, donde abunda la corrupción cambiaria, el lavado de dinero, negocios de suministros a diferentes entes del Estado y la negociación del oro, en la que intervienen las mafias chinas y rusas, así como organizaciones terroristas islámicas como Hezbolá; al tiempo que los carteles mexicanos y colombianos encontraron una ruta segura en el país para el narcotráfico hacia EEUU y Europa.

“La delincuencia organizada venezolana no son grupos paralelos, esta se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, son verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en la economía venezolana”, revela Rebolledo sobre estas organizaciones criminales que han sabido aprovecharse de la grave crisis institucional por la que atraviesa Venezuela.

“No entender que el crimen organizado de China, Rusia e Irán; el narcotráfico colombiano y mexicano y la agenda política castrocomunista tienen el control de Venezuela manejando a sus cómplices, es no entender la realidad del país. Para detenerlos solo las sanciones son efectivas”, insiste.

De acuerdo con el jurista, en el área de lavado de dinero es imposible que estas organizaciones puedan borrar sus trazas, transferencias y vinculaciones.
“Estas personas están en el mundo. Tienen sus empresas en América Latina, EEUU, Europa y Asia, pero enmascarando a sus representantes, que son partes de las organizaciones criminales, con distintos intermediarios al frente de ellas” y allí es donde deben comenzar las investigaciones.

Recuperaciones históricas

Tal como lo afirma el especialista en antilavado de dinero, sí es posible la recuperación de los bienes sustraídos por la corrupción. De hecho, varios países ya han sido testigo de ello.

Ejemplos de estos casos ya se vieron en Perú, cuando Vladimiro Montesinos, ex asesor personal del expresidente Alberto Fujimori, fue filmado sobornando a un congresista electo de la oposición en septiembre del año 2000. Entonces, se rastrearon los fondos en varias jurisdicciones, incluyendo las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos y finalmente más de 250 millones de dólares fueron recuperados.

Allí fueron vitales las sanciones aplicadas por EEUU, en tanto esta es una de las características principales del ingreso a la data OFAC del Departamento del Tesoro, debido a que se establece que si a estas personas le han confiscado bienes en el extranjero, para poder disponer de ellos tendrán que demostrar que fueron obtenidos legalmente en el país donde se encuentren sus activos. De lo contrario, el Estado debería presumir que dichos capitales son producto de actividades ilícitas y tendría derecho a pedir su reintegro.

Por ello, tal como sucedió en el proceso anteriormente mencionado, o en Chile, cuando se logró recuperar capitales de Pinochet en el banco Riggs, Venezuela podría hacer lo propio con los bienes y activos de quienes han sido penalizados por Washington.

Además, existe otro caso resaltante que corrobora esta tesis: la del expresidente de Zambia Frederick Chiluba y sus socios durante el período 1991-2001. Para el 2002 se creó un grupo de trabajo en Zambia a fin de investigar las acusaciones de corrupción. En Londres, el Alto Tribunal encontró pruebas suficientes que revelaban la transferencia de aproximadamente 52 millones de dólares desde Zambia hacia una cuenta bancaria operativa al margen de los asuntos del gobierno, la cuenta “Zamtrop”, que era mantenida en el Zambia Comercial Bank de la capital británica.

Mientras que en 2005, se logró recuperar 17.7 millones de dólares de Pedro Salomón Diepreye Alamieyeseigha, exgobernador del Estado de Bayelsa, en Nigeria. También se hicieron procedimientos locales en colaboración con las autoridades de Sudáfrica y Reino Unido.

Por ello Rebolledo insiste en que “es posible lograrlo”. “Estoy seguro de que seguirán apareciendo casos y cada detalle de ellos nos dará pruebas sobre los procesos venezolanos y quiénes son los responsables de los mismos”. Y tal es la importancia de la recuperación de estos bienes y activos para la nación que el especialista concluye que “si nosotros recuperáramos tan solo el 10% del dinero producto de la corrupción pública, solventaríamos el tema de liquidez que tenemos en el país”.

De allí que sean de vital importancia propuestas como las realizada por el jurista ante la Asamblea Nacional, como la recuperación de activos y la Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), en la que se prevén el rescate de bienes, sus beneficios, listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), por qué las ONG pueden ser víctimas; y el fortalecimiento de la denuncia, a través de la recompensa de hasta un 20% sobre el monto recuperado.

ALD