Corrupción: el problema que Latinoamérica intenta atacar en la cumbre en Lima

La corrupción como tema principal de la Cumbre de las Américas no podía ocurrir en un mejor momento, considerando la forma en que el caso Odebrecht ha salpicado a gobiernos de izquierda y derecha a lo largo y ancho de la región.

Incluso, que la VIII edición del evento, que reúne a presidentes y altos representantes de los países latinoamericanos, se realice justo en una nación en la que el dantesco caso de corrupción de la empresa brasileña haya servido de detonante para la salida de su mandatario da un toque de ironía al encuentro.

Pero este mal, que bien ha demostrado no tener preferencias políticas, no es un fenómeno nuevo en la región.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año se paga un billón de dólares en sobornos, mientras otros 2.6 billones son robados mediante la corrupción. Suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

A su vez, el Programa para el Desarrollo del mismo organismo estima que en los países en vías de desarrollo, situación en la que se encuentra la gran mayoría de los territorios del continente americano, este delito ocasiona la pérdida de una cantidad de dinero diez veces superior a la dedicada a la asistencia oficial para el progreso de las naciones.

Bien lo ha recalcado el abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado y editor del portal Antilavadodedinero, Dr. Alejandro Rebolledo, “la corrupción no tiene color político, sino aliados de turno”. Esto, debido a que son precisamente las debilidades institucionales las “mejores aliadas” de este delito.

Y es que el tema de la corrupción es tan complejo que debe ser tratado desde los más bajos estratos de las instituciones públicas, debido a que los niveles de tolerancia en torno a ella se convierten en cadenas que impiden su determinación e incluso se asocian a grupos que facilitan su práctica, convirtiéndose – en muchos casos- en indetectables.

“Por su propia estructura de funcionamiento, los corruptos en cargos de alta gerencia son difíciles de identificar porque son capaces de montar estructuras que le permiten blindarse para evitar ser ellos el enfoque principal de una investigación”, explica el experto.

De allí que se observe un número pírrico de investigaciones de funcionarios de alta jerarquía comparada con las investigaciones de funcionarios de baja monta.

Sin embargo, casos de corrupción y de lavado de dinero como el de Odebrecht demostraron, según Rebolledo, que “la justicia operando limpiamente en un marco de institucionalidad firme, llega hasta los corruptos más poderosos, quienes valiéndose de la Justicia, que ellos mismo han violado consuetudinariamente, logran importantes beneficios procesales a cambio de hablar, de cooperar. Así no se salva nadie. Ese es el caso Odebrecht”

Y fue esta misma investigación del Departamento de Justicia en Washington la que además demostró las debilidades institucionales dentro de la región, en tanto las pesquisas detallaron cómo la compañía habría realizado coimas de dinero y sobornos durante los últimos 20 años a funcionarios de gobiernos de 12 países, 10 de ellos pertenecientes al “nuevo continente” (Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela), para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Pero, ¿qué lleva a un Estado a la corrupción?

Para Rebolledo, son varias las razones para llevar a una determinada institución, incluso al mismo Estado, a la corrupción. Siendo una de ellas el atraso sociocultural de la población, en virtud que, mientras más vulnerables sean los administrados, en esa medida será impune este delito, bien por el desconocimiento en su práctica, o porque no existan los controles necesarios para determinar la actividad o modalidad en la que se presenta esta acción.

“Por otro lado, debe considerarse a un estado corrupto, como moralmente incapaz. Esta afirmación tiene su fundamento precisamente en la consecuencia anterior, toda vez que, si las personas desconocen las modalidades en las que se presenta la corrupción, así como los controles para evitarla, entonces se acepta moralmente, y los individuos empiezan a considerar normal esta conducta, al extremo de su tolerancia, la cual comienza desde sus bases y con simples actos de corrupción, hasta irse asentando y llegar a niveles muy superiores”, menciona.

Igualmente, recalca, existe una doble moral cuando los gobernantes, al no permitir sancionar leyes que realmente castiguen a un criminal, facilitan que en la justicia existan lagunas jurídicas que son utilizadas por los delincuentes para su conveniencia.

“De tal manera que se detiene a un delincuente y por facilismo de tribunales y/o complacencia de algunos jueces, salen nuevamente a las calles, muchos con una sonrisa burlona frente a las autoridades que lo aprehendieron, originando la baja moral de los funcionarios policiales, quienes se ven tentados a la corrupción”, expone.

El círculo vicioso de la corrupción y el crimen organizado

No obstante, uno de los grandes problemas de la corrupción es que otorga grandes facilidades a las actuaciones del crimen organizado.

“Muchos políticos corruptos aceptan ‘mordidas’ para permitir flexibilizar leyes o retrasarlas, ya que pueden pertenecer a la red de grupos mafiosos”, sostiene Rebolledo.

Su afirmación parece ser corroborada por los índices sobre el impacto del crimen organizado realizado por la revista británica The Spectator, el cual ubica en sus primeros cinco puestos, de entre 137 naciones, a cuatro países latinoamericanos (El Salvador, Honduras, Venezuela y México).

“La corrupción debe verse como la ‘doble moral del mundo’, por cuanto no existe un funcionario corrupto si no hay nadie que lo quiera corromper, y para lograrlo no debe haber respeto institucional”, añade.

Y recuerda que una de las formas típicas de legitimar capitales es a través de la corrupción en los organismo o instituciones públicas.

Por ello Rebolledo llama a los representantes de las naciones americanas reunidos este 13 y 14 de abril en Lima a entender que “no basta con imponer sanciones severas para quienes cometan actos de corrupción. Hay que establecer políticas de control y prevención que minimicen los riesgos, aunado a la necesidad de depurar las instituciones a través de constante adiestramiento que le permitan conocer al funcionario público los riesgos, las causas y sobre todo, las consecuencias de dichos actos y su repercusión social, para así crear conciencia y un desarrollo sociocultural, que en su conjunto permita una lucha efectiva contra la corrupción”.

Concluye que “cuando se sienten, en un momento determinado, con cada uno de los sectores que conforman la sociedad en cada uno de estos países para llegar a acuerdos que beneficien a todos. Cuando se den los pasos contra la corrupción, contra la impunidad y apoyo a las instituciones, es cuándo tendremos resultados para un mejor continente”.

The Spectator Index@spectatorindex

Impact of organised crime (of 137 countries)

1. El Salvador
2. Honduras
3. Venezuela
4. Mexico
11. Pakistan
15. Italy
16. South Africa
17. Brazil
28. Nigeria
37. Indonesia
47. Iran
49. India
52. Russia
66. Turkey
81. US
90. France
93. Canada
103. Japan
110. UK
117. Saudi

ALD / Luis Mendoza (@MendozasWork)

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