Recientemente se inició en el país la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), con la participación conjunta del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para enfrentar a las bandas criminales que se han venido gestando en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en las llamadas “Zonas de Paz”.

Simultáneamente a esta actividad, el gobierno anunció la próxima aprobación de un paquete de leyes habilitantes que refuercen la aplicación de las OLP, para extenderlas progresivamente a lo largo del territorio nacional y en distintos sectores de la comunidad, como en los planteles educativos.

El Abogado Alejandro Rebolledo, especialista en el tema de la criminalidad y la delincuencia organizada, al ser consultado al respecto dijo: “Tan sólo con medidas y acciones contundentes de las instituciones del Estado, los cuerpos policiales y la ciudadanía, es que podremos obtener resultados que indiquen una labor efectiva contra las bandas y sus tentáculos criminales. Nos enfrentamos a mentes criminales y sólo con la participación mancomunada de los distintos órganos del Estado – señaló- y demás organizaciones nacionales involucradas en el desarrollo de políticas contra el delito, es que podemos garantizar óptimos resultados en el control y la disminución de la delincuencia; y en este caso, las fuerzas policiales y de investigación criminal representan un bloque de acción efectiva para garantizar el avance adecuado en los territorios tomados por las bandas que allí operan. Los funcionarios policiales deben sentir que están realizando su labor, sin miedo y conforme a las leyes de le República. Están entrenados para ello y sólo necesitan que les dejen realizar su trabajo”.

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Explicó Rebolledo que la serie de planes que se han implementado en el país, sin el resultado esperado para combatir el delito en Venezuela, dan muestra de la necesidad de revisar las leyes, y donde haya que reformar algunas para el beneficios del país, habrá que hacerlo, siempre con las estrategias y las medidas efectivas, que estén complementadas con el respaldo de todos los sectores involucrados. “No basta con enviar un comando de acción a los barrios o Zonas de Paz –señaló- sino que éste debe ir acompañado de grandes medidas de apoyo, previas y posteriores, que puedan garantizar la apertura de una seguridad permanente en la zona. De sustentar bien los expedientes, ya que el primer juez es el policía. No olvidemos que el crimen organizado es moderno, tecnológico e innovador”.

—Considera que el proyecto Movimiento por la vida y la paz que incluye las llamadas “Zonas de Paz” concuerdan con esta nueva Operación de Liberación y Protección del Pueblo?

—Los resultados apreciados de las Zonas de Paz no arrojan cifras prometedoras, por el contrario, reflejan un gran riesgo en pérdida de recursos y tiempo dedicado a negociar con las bandas para que abandonen el delito. Hay que ser muy ingenuo para insistir en la creencia de que eso va a pasar. En lugar de ello, los delincuentes han ampliado sus redes, valiéndose de los acuerdos para impedir la actuación de los cuerpos policiales en sus territorios.

“Vemos como los comandos de diferentes grupos policiales, han logrado acciones contundentes en pocos días, contra bandas como la del “Picure”; “Juvenal”; “El Coqui”, por señalar algunas. Esto demuestra que están bien entrenados en sus investigaciones y actuaciones y lo que esperamos es que continúen con el OLP y la depuración de las Zonas de Paz, para devolver a esos sectores tranquilidad a sus habitantes y vecinos aledaños”, explica el abogado.

Rebolledo considera que deben desaparecer esos acuerdos en las Zonas de Paz. “Aplicar severamente el Plan Desarme y especialmente respaldar la Operación Libertad del Pueblo (OLP), donde la participan de los cuerpos organizados de inteligencia y de acción policial estén acompañados de nuevas estructuras diseñadas para la prevención, recuperación y sanción en los espacios que se vayan rescatando, con la participación de ONGs, instituciones académicas, sectores comunitarios, municipales, estadales y estatales, entre otros”. Concluyó.

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