“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía General de la República se pronuncie contra dichos señalamientos”.
Así lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y demás delitos afines a la delincuencia organizada, quien dijo: A raíz de las filtraciones de los papeles de Panamá (Panamapapers), le compete a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados, y cuyas evidencias y coincidencias de casos surgen como señales de alertas que deben ser investigadas con urgencia.
Todos los funcionarios que fueron cercanos a Chávez y los que están en el actual gobierno, deben ser investigados. Y más cuando se les señalan de estar incursos en delitos de legitimación de capitales por los investigadores de panamapapers… ¡Qué no se quede ni uno de ellos sin ser investigado, tanto por la Fiscalía General de la República como por la Asamblea Nacional!.
Añadió que la importancia del pronunciamiento de la Fiscalía radica en lo contundente de los señalamientos y documentos publicados contra venezolanos que han sido y son muy cercanos al expresidente Chávez y actual anillo presidencial. “Por tal razón, la Fiscalía no debe dejar pasar estas denuncias, ya que los venezolanos merecen que se tomen las acciones para aplicar justicia contra esas personas que se pavonean con sus excentricidades en el exterior”.
Rebolledo dijo que: “A parte de la legitimación de capitales, la Fiscalía debe investigar, entre otras cosas, los bienes y cuentas en Venezuela que debieron ser señalados en su declaración jurada de patrimonio a la fecha de ingreso y egreso de los cargos, así como la especificación exacta de las divisas que poseían en el exterior al momento de su declaración ante el órgano Contralor.
Por otro lado, la Asamblea Nacional tiene igualmente la obligación de investigar a estos venezolanos señalados, así como solicitar tanto a las autoridades americanas, panameñas como dominicanas, la información sobre sociedades y compañías creadas y cuentas bancarias de esos venezolanos, en los últimos 17 años y cruzar la información de ¿quiénes han sido o fueron Pep en ese período, así como después de la muerte del presidente Chávez?, ¿cuántos de esos Pep salieron de Venezuela y se encuentran residenciados en el exterior? y ¿a que actividades se dedican actualmente?.
Igualmente, agregó, es menester de la Asamblea Nacional, enlistar a todos esos funcionarios públicos que estuvieron en el Ministerio de Finanzas y sus entes adscritos para la época, donde se investiguen todas esas transferencias en dólares realizadas a consecuencia de los negocios de importación y exportación en dicho periodo, conceptos, certificación de precios, específicamente a Bandes, Bancoex, Cadivi, Cantv, entre otros”.
Señaló Rebolledo: “Hoy más que nunca cobra rigor la propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, presentada por nosotros, donde se sugiere la creación de la Superintendencia Nacional de Actividades Profesionales y Comerciales No Financieras, a fin de desarrollar la normativa donde se incluyen, por ejemplo, la firma de abogados, con la obligatoriedad de exigir la debida diligencia y conocer a su cliente, conocer a los beneficiarios finales y aquellas otras organizaciones que se dedican a la formación de compañías o firmas de inversión.
Todo esto contribuirá con la finalidad de la lucha contra la corrupción, la cual es la recuperación de activos prevista de igual forma en la propuesta, permitiendo el rastreo para alcanzar tanto a los funcionarios como a los testaferros y vinculados. Concluyó Alejandro Rebolledo.
